El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró este domingo el alcance de la indicación incorporada al proyecto de Ley de Expulsiones, luego de las críticas surgidas por un eventual reporte obligatorio de migrantes irregulares desde instituciones como hospitales y establecimientos educacionales.
En entrevista con Estado Nacional de TVN, la autoridad afirmó que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”.
Pavez sostuvo que la interpretación difundida en distintos medios no corresponde al contenido de la propuesta impulsada por el Ejecutivo. “Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta”, señaló.
El subsecretario explicó que la medida apunta únicamente a facilitar procedimientos migratorios mediante la obtención de datos de contacto de personas extranjeras sujetas a procesos administrativos. “Lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”, indicó.
Según detalló, la información requerida correspondería a antecedentes como teléfonos o correos electrónicos, necesarios para informar procedimientos donde las personas puedan ejercer su derecho a defensa y realizar alegaciones.
“Necesitamos saber dónde están”, agregó la autoridad.
Pavez también abordó las observaciones realizadas por la ministra de Salud, May Chomali, quien manifestó preocupación por el posible impacto de la medida en el acceso de migrantes al sistema sanitario.
La secretaria de Estado advirtió que el temor a eventuales expulsiones podría afectar la atención médica de personas extranjeras. Al respecto, el subsecretario aseguró que el Gobierno comparte esa preocupación y descartó efectos sobre la prestación de servicios básicos.
“No creemos que se produzca ese efecto”, afirmó.
Además, insistió en que la indicación no establece mecanismos de denuncia obligatoria desde hospitales, colegios u otras instituciones públicas.
“En ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”, reiteró.
La discusión sobre el proyecto de Ley de Expulsiones continúa actualmente en el Congreso en medio del debate por las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.