La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de detección temprana del lavado de activos mediante la ampliación de las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.
La iniciativa, correspondiente al boletín 16.808, apunta a reforzar el control y la trazabilidad en sectores estratégicos vinculados al comercio y la logística.
Durante la discusión, la comisión respaldó de manera unánime una modificación que incorpora nuevas actividades económicas al listado de entidades fiscalizadas.
Entre ellas se incluyen empresas de carga aérea, marítima y terrestre, compañías de transporte internacional, operadores portuarios, terminales extraportuarios, agentes de carga, empresas courier y almacenes.
Con esta ampliación, dichas entidades deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones inusuales o sin justificación económica aparente detectadas en el ejercicio de sus funciones.
Actualmente, estas obligaciones ya recaen sobre bancos, corredoras, notarios y casas de cambio, entre otras instituciones.
Fortalecer persecución del crimen organizado
El proyecto establece además que cada entidad deberá designar un encargado de relacionarse con la UAF y reafirma que las normas de secreto o reserva no impedirán el cumplimiento de estas obligaciones legales.
Asimismo, se establece que la información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal, buscando incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
La presidenta de la comisión, Joanna Pérez, destacó el trabajo conjunto desarrollado durante la tramitación de la iniciativa.
La parlamentaria sostuvo que actualmente solo un 3% de la carga era fiscalizada y que la ampliación de entidades obligadas permitirá aumentar significativamente los controles, además de fortalecer el trabajo coordinado entre Aduanas y otros organismos para combatir el crimen organizado.