El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la discusión sobre eventuales cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de la propuesta presentada por la familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que falleció tras una violenta encerrona ocurrida en San Bernardo.
La iniciativa, denominada “Ley Alejandro”, busca abrir el debate sobre el endurecimiento de las sanciones para menores de edad que participen en delitos violentos, especialmente encerronas y robos cometidos en grupo.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 23 de junio, cuando Alejandro viajaba junto a su padre y su tía por la caletera de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, en San Bernardo. Según la Fiscalía, un grupo de delincuentes robó el vehículo familiar y escapó con el menor aún en su interior. El niño quedó atrapado por el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros, falleciendo producto de las lesiones.
Hasta ahora, la investigación ha identificado a cinco presuntos participantes directos en el robo con homicidio: dos adolescentes de 17 años y tres adultos.
En ese contexto, el ministro Arrau afirmó que el Gobierno ya venía analizando modificaciones al sistema de responsabilidad penal adolescente antes de este caso.
“Nosotros, como Gobierno, ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”, señaló.
La autoridad agregó que “nuevas iniciativas que abran este debate son positivas” y sostuvo que el sistema vigente “no está dando buena respuesta”.
La propuesta de la familia de Alejandro busca que quienes participen en encerronas y otros delitos violentos cumplan condenas efectivas, independientemente de su edad, además de revisar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast confirmó que el Ejecutivo respalda la discusión de iniciativas relacionadas con la denominada “Ley Alejandro” y anunció que buscará reunirse con la familia del menor para abordar posibles cambios legales.
Actualmente, la propuesta corresponde a una iniciativa impulsada por la familia y aún no ha sido ingresada formalmente al Congreso, por lo que deberá ser presentada como proyecto de ley por parlamentarios o por el propio Ejecutivo para iniciar su tramitación.