El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su país no volverá a celebrar elecciones generales democráticas que permitan a la oposición disputar el control del Gobierno.
Durante un acto realizado en Managua por el 47º aniversario de la revolución sandinista, el mandatario afirmó que su administración cerrará el camino electoral a quienes considera adversarios del oficialismo.
“Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, declaró ante sus seguidores.
“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, agregó.
Ortega acusó a los dirigentes opositores exiliados de permanecer “agazapados” y de buscar el poder para enriquecerse. Además, los calificó de “golpistas” y “vendepatrias”, expresiones utilizadas frecuentemente por su régimen para referirse a sus críticos.
El mandatario anunció que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que levanten “un muro” contra sus adversarios políticos. Esto considerando que el oficialismo controla ampliamente el Parlamento y los principales organismos estatales.
Ortega, de 80 años, es el gobernante de Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007. Desde febrero de 2025 comparte formalmente la conducción del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional.
Las modificaciones a la Constitución transformaron los poderes del Estado en órganos coordinados por la Presidencia, ampliaron de cinco a seis años el mandato presidencial y consolidaron la figura de la copresidencia. También incorporaron disposiciones que permiten retirar la nacionalidad nicaragüense.
La reforma desplazó las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ortega profundizan las dudas sobre la celebración de una futura votación competitiva.
Organismos como la ONU y la OEA, además de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, han cuestionado la concentración del poder en Ortega y Murillo. Sus críticos también denuncian persecución contra opositores, eliminación de candidaturas y ausencia de garantías democráticas.