El Concejo Municipal de Iquique deberá pronunciarse nuevamente este jueves sobre una propuesta de transacción judicial por la propiedad de Bellavista Estación 40, una de las casas municipales involucradas en la trama de apropiación fraudulenta que terminó con condenas contra el exconcejal Felipe Arenas Lamas, el exconsejero regional Javier Yaryes y otros involucrados.
La materia ya había sido sometida a votación. Sin embargo, con diez concejales presentes se requerían seis votos —cinco más uno— para adoptar un acuerdo, quórum que no se alcanzó.
Por esta razón, en esa oportunidad el Concejo no aprobó ni rechazó formalmente la propuesta, quedando pendiente un pronunciamiento de la Municipalidad de Iquique.
La Dirección de Asesoría Jurídica recomienda alcanzar una transacción con la actual poseedora de la propiedad, Edith Baeza Baeza, como una alternativa para poner término al litigio y evitar los riesgos que, según la propia unidad municipal, implica continuar con el juicio.
La propuesta contempla que Baeza pague a la Municipalidad de Iquique el avalúo fiscal vigente de la propiedad al momento de concretarse la transacción y, a cambio, obtenga definitivamente el dominio del inmueble.
Además, la actual poseedora deberá renunciar a una demanda por cerca de $180 millones, correspondiente a las mejoras que asegura haber realizado en la propiedad.
La propuesta surgió luego que, el 28 de mayo de 2026, la defensa de Baeza ofreciera inicialmente $15 millones para poner término al litigio.
Jurídica planteó una fórmula diferente, estableciendo como base para un eventual acuerdo el avalúo fiscal vigente y las respectivas garantías para concretar el traspaso.
Una propiedad involucrada en el caso Arenas-Yaryes
Los antecedentes se remontan a una serie de operaciones destinadas a apropiarse de inmuebles que ya tenían propietarios, entre ellos bienes pertenecientes a la Municipalidad de Iquique.
Según lo expuesto por la Dirección Jurídica ante el Concejo, en mayo de 2013 se celebró una compraventa de Bellavista Estación 40 entre Rodrigo López Arancibia, como vendedor, y Nicolás Muñoz Lizama, como comprador.
Posteriormente, en octubre de 2014, Muñoz transfirió la propiedad a Felipe Arenas Lamas y, el 4 de noviembre de 2014, Arenas la vendió a Edith Baeza Baeza por $30 millones.
La investigación penal determinó la existencia de maniobras para apropiarse de distintas propiedades mediante contratos simulados, utilización de terceros y documentación falsa.
En julio de 2025 se dictó sentencia condenatoria contra involucrados en la causa por delitos que incluyeron asociación ilícita, estafa, falsificación de instrumentos, contratos simulados y lavado de activos.
El tribunal dispuso además la cancelación de inscripciones realizadas ante el Conservador de Bienes Raíces respecto de propiedades vinculadas a la causa.
Tras la sentencia penal, el 9 de octubre de 2025, la Municipalidad de Iquique presentó una acción reivindicatoria contra Edith Baeza, buscando que la justicia declare que el dominio de Bellavista Estación 40 corresponde al municipio.
La posición municipal sostiene que la inscripción mediante la cual Baeza adquirió la propiedad proviene de operaciones anteriores cuyas inscripciones fueron ordenadas cancelar mediante una sentencia penal firme y ejecutoriada.
Baeza, en tanto, sostiene que adquirió el inmueble de buena fe, argumentando que no fue investigada ni condenada por los delitos vinculados a la apropiación de las propiedades.
Además, presentó una demanda reconvencional en la que alega prescripción adquisitiva, debido al tiempo transcurrido desde que compró la propiedad, y solicita cerca de $180 millones por las mejoras que asegura haber realizado en el lugar.
Jurídica advierte riesgos de continuar el juicio
Precisamente este escenario llevó a la Dirección Jurídica a recomendar una salida mediante acuerdo.
Durante su exposición ante el Concejo, la unidad reconoció que los cerca de $180 millones reclamados por la contraparte podrían constituir un monto “un poco abultado”, pero también advirtió sobre los riesgos que enfrenta la Municipalidad si continúa el litigio.
Entre ellos se encuentra la posibilidad de que el tribunal acoja la prescripción adquisitiva alegada por la actual poseedora o eventualmente determine que corresponde el pago de las mejoras efectuadas en la propiedad.
Para Baeza también existe un riesgo: que prospere la acción presentada por el municipio y termine perdiendo el inmueble.
Ante este escenario, la propuesta de Jurídica busca que el municipio reciba el avalúo fiscal de la propiedad, mientras Baeza conserva su dominio y renuncia al cobro de los cerca de $180 millones.
La decisión volverá ahora al Concejo Municipal de Iquique, que deberá alcanzar el quórum requerido para aprobar o rechazar la transacción y establecer finalmente un pronunciamiento respecto de la propuesta.
