“Por supuesto que están trabajando porque todavía no hay ninguna acusación, no hay ninguna formalización”, dijo Rozas a la salida del Congreso, pese a que también hay sumarios internos de la institución contra ambos funcionarios involucrados.
“Casos emblemáticos como el del joven Gustavo Gatica, doña Fabiola Campillai, todas esas denuncias se han realizado los sumarios administrativos. Los carabineros presuntamente involucrados, toda esa información está en el ministerio público”, había dicho minutos antes el jefe de la policía a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“Lamentablemente por recomendaciones de algunos organismos, no hemos podido tomar contacto con los afectados para poder avanzar en la parte administrativa de los sumarios, que son diligencias que están pendientes”, agregó en la instancia.
El general director de Carabineros asistió a la comisión, en la que fue requerido por los parlamentarios, quienes les manifestaron sus inquietudes respectos a los casos de violencia policial que han ocurrido en el marco de las manifestaciones sociales que se han desarrollado desde el 18 de octubre y que, según la citación, se han intensificado el último mes.
Sobre el caso del hombre de 69 años que recibió una golpiza por parte de un carabinero el pasado domingo en la calle Ramón Corvalán del centro de Santiago, Rozas evitó hablar de “uso excesivo de la fuerza” como lo había calificado el ministro del Interior Gonzalo Blumel este martes.
“En este caso se produce una agresión. ¿Hay algo más indigno que atacar a alguien por la espalda y escupirlo? Frente a esa agresión, se realiza la detención. Ese fue un acto legal. Ahora, ilegítimamente fue agredida esa persona, por lo tanto esta situación tiene dos aristas que están en poder del Ministerio Público”, explicó el policía.
A la instancia también acudió el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos Sergio Micco y el ministro Blumel, quien se mostró sorprendido ante el hecho de que los funcionarios presuntamente involucrados siguieran operativos en la institución.
“Esa es una información de la institución y lo central es asegurar que esa información llegue a la justicia”, dijo.
“En todos los casos donde se han establecidos responsabilidades y existen investigaciones sumarias o penales, la determinación ha sido ir apartando a esos funcionarios de las labores operativas para esperar el resultado de esas investigaciones”, agregó.
