La defensa penal pública de una anciana imputada consiguió que se le permitiera cumplir arresto domiciliario total en vez de prisión preventiva debido a que su condición de salud la mantenía en alto peligro, todo agravado por la amenaza del coronavirus.
Margarita E. tiene un trasplante de corazón y sufría secuelas por la dificultad de aprovisionarse de los medicamentos necesarios, a tal punto que se debió interponer una petición urgente de cautela de garantías, pues colapsó durante la entrevista con su abogada.
En esos momentos estaba pendiente que se resolviera una apelación presentada ante la Corte Suprema, respecto a lo decidido por la Corte de Apelaciones de Iquique, tribunal que había rechazado la libertad de la usuaria, indicando que el penal contaba con todos los medios para cuidar de su salud y evitar posibles contagios.
El caso había sufrido un traspié cuando la defensora Marcela Tapia presentara de urgencia los antecedentes al juez de turno, Juan Pablo Ramírez, quien tomó constancia de la grave situación y dictaminó las primeras medidas de resguardo para la mujer de 75 años, consistente en asegurar que se le suministraran todos los medicamentos faltantes. Pero, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, negando así que la usuaria esperara el término de su causa bajo arresto domiciliario total junto a su familia
Frente a esa decisión, la defensa penal pública presentó un amparo constitucional que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Iquique y cuya resolución estaba pendiente, como se indica arriba, pues se había presentado una apelación ante la Corte Suprema.
Posteriormente y frente al colapso que la usuaria sufrió durante la entrevista con su defensora Marcela Tapia, realizada a través de una video conferencia, la abogada presentó una cautela de garantías urgente ante la magistrado Eliana Garay. En la oportunidad solicitó que se consideraran tales antecedentes judiciales, los datos médicos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, institución que estima a este tipo de personas como especialmente vulnerables a los eventuales efectos del contagio por coronavirus. Todo eso ya había sido destacado por la defensa en la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Con esos antecedentes, se ordenó la libertad inmediata de la usuaria, sustituyendo la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total, junto a sus familiares y en su hogar, logrando así el egreso de Margarita desde el penal de Alto Hospicio.
“Es una alegría que los intervinientes consideraran que se puede avanzar en la administración de justicia cuidando celosamente la salud de las personas, especialmente en este caso en que es muy claro el peligro que corre mi representada, por la avanzada edad y su trasplante”. Así lo valoró la defensora penal pública Marcela Tapia, quien especificó que el representante del Ministerio Público no se opuso al cambio que ella pidió.
