La Corte de Apelaciones de Iquique atendió la argumentación de la defensa penal pública, en orden a considerar la grave situación de salud de un imputado en prisión preventiva para concederle un arresto domiciliario total en vez de la prisión preventiva.
La decisión se produjo luego que se presentara un recurso de amparo en favor del interno, quien padece de una enfermedad a la piel de dificultoso control, situación en que se amerita atender también las recomendaciones de organismos internacionales para apartar de los peligros de coronovirus a las personas más vulnerables de la población penal, según lo subrayado por el defensor Eduardo Cabrera en su alegato ante el alto tribunal.
Tal decisión es otro de los casos destacados de los últimos días, en donde se opta por permitir que personas que son investigadas por delitos puedan esperar en sus respectivas habitaciones que se cumpla con la investigación de lo que se les imputa. En esto se sopesa la gravedad y complejidad de sus dolencias, como también el peligro que podría significar que la pandemia de coronavirus lo sorprendiera en un recinto carcelario, en donde ya es difícil atender la enfermedad que sufre actualmente.
Esta es la situación de S.E, de 43 años, quien, durante los ocho meses que llevaba interno en el penal de Alto Hospicio debió ser llevado de urgencia ya en siete ocasiones al centro de salud carcelario como al Hospital Regional de Iquique, debido a que sufre de necrosis en la piel, afección que debilita su sistema inmune, lo cual lo ubica entre las personas especialmente vulnerables a la emergencia actual del Covid – 19.
Tras el alegato del defensor penal público Eduardo Cabrera, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso y ordenó que se le aplique el arresto domiciliario total. Su decisión la fundamentó indicando que atenderá lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la pandemia del COVID-19 y adoptar “medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población”, como también “asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos”.
Este cambio de medida cautelar no había sido anteriormente aprobado por el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, lo que motivó la presentación del recurso de amparo, uno de varios que han interpuesto en los últimos días los defensores penales públicos en favor de internos especialmente vulnerables al coronavirus.
“Es muy importante esta resolución de la Corte de Apelaciones, pues, tras varios casos puestos para su pronunciamiento, es el primero en que acoge la argumentación relacionada con el especial peligro que tiene la pandemia para los internos de los recintos penitenciarios, sobre todo si sufren condiciones de salud debilitantes”. Así lo subrayó el defensor penal público Eduardo Cabrera, quien defendió en estrado la argumentación preparada en un trabajo de equipo que consideró también lo conseguido por sucesivas cautelas de garantía presentadas por la defensora inicial del imputado, Ginger Riffo y por abogado Benjamín Doizi, quien inició la tramitación del recurso ante el tribunal de alzada.
