Los Familiares de los 9 jóvenes, agrupados en la Coordinadora de Presos y Perseguidos Políticos de Tarapacá, que permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio y que fueron detenidos a raíz del estallido social en octubre del año pasado, reiteraron a los tribunales la solicitud de cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario total.
En el escrito, enviado a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, a tribunales y autoridades regionales, reiteran la preocupación por mantener en prisión a los estudiantes, ante el inminente riesgo de que puedan contagiarse con Covid19 al interior del recinto penitenciario. Asimismo, los padres de los jóvenes, que en su mayoría no sobrepasan los 20 años, expresan su preocupación, por cuanto en las visitas realizadas al recinto penal, han conocido –por los propios detenidos- que no cuentan con los elementos esenciales para enfrentar la pandemia como mascarillas, alcohol gel y cloro, a lo que se suma la condición de hacinamiento que enfrentan diariamente.
Las familias también denunciaron que el Poder Judicial les negó la posibilidad de presenciar las audiencias de sus hijos de manera virtual, dejándolos con una tremenda incertidumbre respecto al futuro de los jóvenes detenidos.
El requerimiento de los abogados es cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, para lo cual han solicitado la realización de audiencias de revisión de la prisión preventiva, presentando nuevos antecedentes -como peritajes psicológicos- que prueban que los imputados presos no son un peligro para la seguridad de la sociedad, y que la necesidad de cautela se cumple proporcionalmente con el arresto domiciliario, no obstante, se han encontrado con la negativa de los tribunales.
