Accionistas de ZOFRI se repartirán más de 4 millones de dólares en utilidades mientras someten a trabajadores al Seguro de Desempleo

El miércoles 1 de abril Sebastián Piñera daba a conocer al país la promulgación de la Ley de Protección al Empleo, proyecto aprobado por el Congreso que facultaba a las empresas a suspender el vínculo laboral con los trabajadores y echar mano al Fondo de Cesantía para financiar parte de las remuneraciones ante circunstancias excepcionales, en este caso, la pandemia de coronavirus.

Un día antes, el 30 de marzo, el gerente general de Zona Franca S.A., Claudio Pommiez, comunicaba a Joaquín Cortez Huerta, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), un hecho esencial que surgía ese mismo día tras la reunión extraordinaria celebrada por el directorio de la compañía.

En un documento de dos páginas, Pommiez daba conocer al ente fiscalizador de las grandes empresas y del mercado financiero chileno que el próximo 30 de abril (hoy) se realizaría la Junta Ordinaria de Accionistas, y entre los puntos que se tratarían en la reunión estaban las medidas adoptadas por ZOFRI S.A. a causa de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En su comunicado a la CMF, el gerente de ZOFRI reportó un par de acciones tomadas en beneficio de los usuarios a raíz de ese hecho: la suspensión del cobro de tarifas por el uso de locales y terrenos de propiedad de la compañía, y el congelamiento del cobro del Fondo de Promoción del mall, mientras durase el cierre decretado por la empresa a raíz de la pandemia.

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Veintitrés días después de ese hecho esencial, el gerente general de ZOFRI firmaba una carta dirigida a todos los colaboradores de la compañía. En ella, el ingeniero en transporte de la Universidad Católica de Valparaíso, literalmente, “llora la carta” por el impacto del estallido social del 18 de octubre y, sin pudor, reporta a los trabajadores que “el escenario actual es de una fuerte recesión mundial que nos impactará como país, como región y como empresas (sic)”.

Pommiez se colgaba de una declaración que días antes, a comienzos de abril y tres días después de informar el hecho esencial a la CMF, había emitido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien pedía a las economías avanzadas que intensificasen sus esfuerzos para ayudar a los mercados emergentes y a los países en desarrollo para superar el impacto económico y de salud de la pandemia.

“Ahora estamos en recesión. Es mucho peor que la crisis financiera mundial”, dijo la búlgara ese día, en referencia a la crisis de 2008-2009.

En su carta a los trabajadores, Pommiez fue reiterativo en referirse al “desafío económico, sanitario y social” que implicaban las actuales circunstancias y que el objetivo principal la compañía era el “cuidado de quienes trabajan en cada una de las empresas de la zona franca”.

A raíz de lo anterior, el gerente general informaba en el documento que, a la fecha, la compañía había reducido al máximo los gastos “sin afectar hasta ahora la remuneración de nuestros colaboradores”, aunque hacia el futuro y para otorgar mayor viabilidad a la operación había que “evaluar distintas alternativas”, como por ejemplo, someter a las personas “a los beneficios” de la Ley 21.227, es decir, la Ley de Protección al Empleo promulgada por Sebastián Piñera 23 días antes, el 30 de marzo.

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A mediados de abril, desde el mundo sindical y político se encendían las alarmas por el supuesto mal uso que estaban haciendo algunas empresas con la Ley de Protección al Empleo. Por esos días se daba a conocer que megacorporaciones del retail comenzaban a acogerse a una norma que estaba pensada para casos extremos, cuando fuese estrictamente necesario, y no para grandes compañías con multimillonarias utilidades.

Pese a las alarmas, miles de trabajadores comenzaban a aparecer en los medios de comunicación, en pleno escenario de la pandemia por coronavirus, haciendo cola en las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía.

En medio de esas críticas, la misma ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ponía el punto en otro cuestionamiento ético: si las grandes empresas debían o no repartir utilidades en el contexto de la pandemia, mientras sus trabajadores eran enviados a sus casas a vivir de sus ahorros del fondo de cesantía.

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En el comunicado enviado el 30 de marzo a la Comisión para el Mercado Financiero, Claudio Pommiez declaró que, como primer punto de la Junta Ordinaria, los accionistas discutirían este 30 de abril (hoy) el reparto de las utilidades de la empresa.

Y si bien relataba que los efectos del cierre forzado de ZOFRI por la pandemia implicaban pérdidas por 1.900 millones de pesos al mes -unos 2.2 millones de dólares o 63 millones de pesos al día-, anunció sin tapujos que el primer tema a abordar sería la votación para repartir entre los accionistas el 30% de los 11 mil 974 millones de pesos que la empresa obtuvo en utilidades el año 2019.

Es decir, los accionistas, entre los que se encuentra el propio Sindicato Interempresas de Trabajadores de Zona Franca, se repartirán ni más ni menos que 4 millones 293 mil dólares.

De acuerdo al hecho esencial enviado por Pommiez, cada acción recibirá 16,2870 pesos el próximo 29 de mayo, y entre los 12 mayores accionistas de la compañía están la estatal CORFO, propietaria del 71,28% de ZOFRI S.A., el mayor generador de empleos con seguro de cesantía que podría tener la región de Tarapacá en los próximos días.

¿QUIÉN SE PODRÍA LLEVAR EL 30% DE LAS UTILIDADES DE ZOFRI S.A. ESTE JUEVES? REVISA LA LISTA COMPLETA DE ACCIONISTAS.

12 MAYORES ACCIONISTAS

ACCIONISTAS MINORITARIOS