La Corte de Apelaciones de Iquique dio un plazo de 10 días al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, al general Guillermo Paiva y al Presidente Sebastián Piñera, para que den respuesta a un recurso de protección interpuesto por un abogado de Iquique, en el cual solicita impedir que se movilicen ciudadanos extranjeros desde Santiago a la región de Tarapacá.
El libelo fue interpuesto luego de sendas declaraciones de las autoridades en medios de comunicación, en las cuales manifestaron su intención de trasladar a ciudadanos bolivianos hasta Iquique, desde la comuna de Providencia, en la capital del país.
Ante esto, el abogado Patricio Quinteros Allende determinó interponer el recurso de protección en su nombre y en el de su familia, compuesta por su esposa y sus tres hijos, con el cual busca evitar que continúe el intento por trasladar más personas a la región de Tarapacá.
Según indicó el profesional en su recurso, la decisión que planificaban las autoridades se trata de actos u omisiones ilegales que provocan la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud. Además, indicó que en Chile, de acuerdo a la Constitución, no hay personas ni grupos privilegiados.
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el libelo del profesional y este martes envió un exhorto a la capital para solicitar la respuesta del ministro del Interior y del Presidente de la República. En el caso de la región de Tarapacá, pidió evacuar un informe al más breve plazo al Intendente Quezada y al General Guillermo Paiva, ambos también recurridos.
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