Por los delitos de asociación ilícita, falsificación y uso malicioso de documento público, estafas reiteradas, celebración de contrato simulado, usurpación de nombre y lavado de activos fueron formalizados el ex concejal de Iquique, Felipe Arenas, el consejero regional Javier Yaryes, y otros cinco particulares, quienes entre los años 2012 y 2016, se habrían apropiado de forma fraudulenta de seis domicilios en Iquique.
En la audiencia de formalización, el fiscal Guillermo Arriza indicó que los imputados, previamente concertados y aprovechando la información que disponían y sus conocimientos en derecho, se organizaron para apropiarse de diversos inmuebles en perjuicio de sus verdaderos propietarios y cuyo valor real superaba con creces al avalúo fiscal. Para esto utilizaban a terceras personas aprovechándose de su vulnerabilidad para que manifestaran falsamente ser poseedores de dichos inmuebles en una escritura pública y así poder inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces, y luego de sucesivas inscripciones, inscribirlos finalmente a nombre de los imputados Arenas y Yaryes, quienes eran líderes de la organización.
Una vez que se lograban apoderar de las propiedades, los imputados Arenas y Yaryes, con la participación de alguno de los otros miembros de la asociación, efectuaban la venta real de los inmuebles, obteniendo a cambio abultadas sumas de dinero que luego intentaban disimular, incluso con la formación de una sociedad de papel, con el fin de ocultar el origen ilícito de estos fondos.
El fiscal detalló las acciones desplegadas por los imputados para la adquisición fraudulenta de cinco propiedades, de las cuales tres pertenecían a la Municipalidad de Iquique en virtud de la Ley Lynch, que creó la provincia del Tarapacá, el año 1884. Otras pertenecían a particulares y una a la Sociedad de Panaderos y Socorros Mutuos de Iquique. Sobre los montos involucrados, en uno de los hechos la Fiscalía explico que la propiedad finalmente la vendieron a 50 millones de pesos.
Los imputados Felipe Arenas Lama, Javier Yaryes Silva, Aldo Solimano Quiroga y Nicolás Muñoz Lizama mantuvieron las medidas cautelares impuestas en la primera audiencia de formalización, esto es, arraigo nacional y firma bimensual ante la Fiscalía; mientras que las imputadas Katherine Ortega Oñate (pareja de Felipe Arenas), Carmen Sánchez Alvarez (pareja de Javier Yaryes) y Claudia Blanco Alvarez quedaron sujeta a las cautelares de arraigo nacional, para asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento.
En la audiencia, presidida por el magistrado Vicente Muratori, comparecieron junto a la Fiscalía los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, de la Municipalidad de Iquique y el concejal Matías Ramírez.
