La tarde de este miércoles, vecinos de las tomas de Laguna Verde, protestaron con barricadas y cacerolazos, tras ser notificados de un inminente desalojo del lugar.
La manifestación se produjo tras conocerse un documento de la Gobernación Provincial de Iquique, donde se les notificaba el desalojo total de las tomas ubicadas en el lugar, donde viven al menos unas 1.600 personas, entre niños, niñas y adultos mayores.
El documento firmado por el gobernador provincial de Iquique, Rene Muñoz Solís, indica que por la solicitud de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Tarapacá y el Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU, mediante un oficio con fecha 15 de enero de 2021, se dispone el desalojo de terrenos fiscales ubicados en el sector de Laguna Verde de Iquique.
Según un mapa adjuntado en la orden, estos terrenos fiscales abarcan tres tomas diferentes en el sector de Laguna Verde, que contempla los asentamientos humanos “Monte Sinaí”, “20 de enero” y “Bellavista”.
Además, en la solicitud argumentan que “las ocupaciones indebidas señaladas impiden la construcción de la conexión con la ciudad del segundo acceso de la ruta que une la capital regional con Alto Hospicio”.
Las tomas que se han extendido en ese lugar, han ido incrementando su población desde el estallido social en octubre del año 2019, cuando la mayoría de los habitantes perdieron sus trabajos y principales sustentos económicos, lo cual se vio gravemente extendido con la pandemia del covid-19 desde el 2020 a la fecha.
La principal crítica de los pobladores y dirigentes del sector, es que el desalojo se decide en un momento crítico en la región de Tarapacá, especialmente en Iquique donde rige actualmente cuarentena total, debido a los altos índices de contagios en las últimas semanas y la crítica situación que se vive en el Hospital Regional.
En ese sentido, la dirigente de la toma 20 de Enero, Mary Padilla, informó que este jueves fueron convocados a una reunión por el Serviu y el seremi de Vivienda, Carlos Prieto, donde las autoridades se comprometieron a dar soluciones como un subsidio de arriendo.
Sin embargo, la mayoría de los pobladores de las tomas corresponden a extranjeros, algunos indocumentados, por lo cual la solución del subsidio de arriendo complicaría aún más a estas personas que posiblemente quedarían fuera del beneficio.
