La discusión sobre las posibilidades que brindan los procesos descentralizadores son de larga data y se derivan de las lecciones que deja la aplicación de diversos modelos en el mundo. Nuestro país no ha estado ajeno a dicha discusión, toda vez que el anhelo tanto a nivel ciudadano como de la elite política ha radicado en poder brindar mayor autonomía a nuestras regiones, bajo el supuesto de que dicho proceso permitirá desarrollar importantes beneficios económicos y fortalecerá nuestra democracia.
Nuestra propia historia, sin embargo, ha dado cuenta más bien de una “cultura centralista”, que se puede pesquisar hasta la época de la conquista española, y fortalecida, como señalan diversos autores, por la ausencia de procesos políticos económicos y sociales que permitieron el desarrollo de regiones autónomas, fundamentalmente en el caso europeo, asociados al cambio de la estructura feudal y su evolución hacia el desarrollo de la Revolución Industrial, la reforma a la iglesia católica, o procesos de reforma política como es el caso de la Revolución Francesa, entre otros.
En ese contexto, son hitos de la descentralización a nivel nacional, la implementación de la Ley 19.175 sobre Gobiernos Regionales y administración regional, dictada en la década de los noventa, y la publicación de la Ley 21.073, la cual regula la elección de gobernadores regionales a partir del año 2020; y la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país. No cabe duda, que la ley sobre Gobiernos Regionales constituyó una acción concreta destinada a mitigar la lógica del centralismo en nuestro país, definiendo un nivel de gobierno intermedio que no existía en la institucionalidad pública, y desde el cual se inicia un proceso modernización del Estado, bajo la lógica de los consensos políticos.
Respecto de las últimas leyes publicadas, la ciudadanía pareciera tener menos información y estar menos consciente de su relevancia, a pesar de que su impacto golpeará la puerta a partir de este año, cuando sean electos los primeros gobernadores regionales.
La implementación de las nuevas estructuras de los Gobiernos Regionales, así como las facultades que tendrán los nuevos gobernadores regionales, en tanto representantes de la ciudadanía; y por su parte los delegados presidenciales, en tanto representantes del Presidente de la República, abre un espacio creciente de incertidumbre respecto de cómo se coordinarán ambos niveles para la toma de decisiones en el territorio. Por lo pronto surgen importantes interrogantes que no se han clarificado. Por ejemplo, siendo una facultad tanto del Gobernador Regional como del Delegado Presidencial la coordinación y supervigilancia de los servicios públicos, ¿a quién rendirán cuenta éstos? Situación similar acontece con la facultad que poseen ambas autoridades respecto de hacer presente al Presidente de la República la necesidades de la región. ¿A quién escuchará el Presidente en la práctica?
Respecto de la delegación de facultades a las regiones por parte del nivel central, ¿se realizará conforme a su pertinencia respecto de las necesidades del territorio, o con la lógica de control de estos por parte de las autoridades del nivel central? En este nuevo diseño, resulta relevante preguntarse: ¿cómo se relacionará tanto gobernador regional como delegado presidencial con la ciudadanía, cuando se trate de implementar políticas públicas con sello regional?
Es importante tener presente que, gran parte del impulso a la reforma del Estado, en cuanto a la descentralización, proviene de las demandas de mayor autonomía por parte de las comunidades regionales, compuestas por las ciudadanos, gremios, partidos políticos y elites locales, las cuales durante varias décadas quedaron fuera del alcance del radar de las distintas administraciones, bajo la lógica de la toma de decisión de carácter centralista que prevaleció durante las últimas décadas en nuestro país.
La implementación de la nueva legislación sobre descentralización abre una oportunidad cierta para que la toma de decisiones respecto del desarrollo de las regiones por parte de las autoridades sea vinculante respecto de los ciudadanos. A modo de ejemplo, la nueva Ley sobre fortalecimiento de la regionalización establece respecto de las Divisiones con las que contarán los Gobiernos Regionales, que la División de Planificación y Desarrollo Regional, deberá elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional.
Lo anterior supone avanzar de la lógica meramente consultiva de la participación ciudadana a una eminentemente vinculante. Un hito relevante en esa dirección es la obligación de los Gobiernos Regionales para crear el Consejo de la Sociedad Civil, lo cual viene a subsanar lo dispuesto por la Ley N°20.500 sobre “Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, que no consideraba dicha instancia en el ámbito de los Gobiernos Regionales.
En este contexto hacia finales del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, impulsó el trabajo con los distintos Gobiernos Regionales a objeto que estas entidades definieran una Política Regional de Participación Ciudadana, de cara a la ciudadanía y con participación de los propios ciudadanos. Es así, que dicho trabajo fue desarrollado y puesto en conocimiento de las autoridades y Consejo Regional de la época, a objeto que se dictaran los actos administrativos que consagraran la Política de Participación Ciudadana de la Región de Tarapacá. Entre las principales recomendaciones efectuadas en su oportunidad, fue que la elección de los miembros del Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional, fueran electos por votación directa y universal.
Sin embargo, con el cambio de gobierno y el ejercicio de una nueva administración regional bajo la dirección del intendente regional Miguel Quezada, la propuesta de la conformación de un Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional fue pospuesta durante un largo periodo hasta que finalmente se dicta con fecha 30 de noviembre del año 2020, la resolución Nº 550 que Aprueba el Reglamento Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional.
Del análisis de dicha reglamentación, se puede observar que a pesar que se declara que el Consejo de la Sociedad Civil es un órgano colegiado autónomo, conformado de manera ”diversa, representativa y pluralista” por representantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la misión y temas de competencia del Gobierno Regional, la elección de los mismos se realiza de manera indirecta, es decir por la votación de las propias organizaciones sociales que decidan participar en el proceso de elección de sus miembros y no de manera directa y universal por todos los ciudadanos de Tarapacá.
En este sentido, siendo un órgano de tanta importancia en cuanto a la deliberación y consulta de materias regionales que digan relación con la participación ciudadana, resulta un contrasentido, que la participación en el proceso de elección de los miembros que conforman el Consejo de la Sociedad Civil, se encuentre limitada a un grupo de organizaciones cuya participación en dicho proceso es facultativa, y no se amplíe a toda la comunidad,
Aún más, llama la atención que el proceso de elección de los miembros del Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional, casi no tenga mayor difusión y sea un proceso desconocido para los tarapaqueños. De hecho, cabe preguntarse ¿Cuántas personas y organizaciones saben que el próximo 17 y 18 de mayo de este año, se efectuarán las elecciones de consejeros en dicha instancia? Por cierto, menos información hay sobre quienes se están postulando como representantes de organizaciones sociales a dicha instancia, información que de manera acotada se puede encontrar en el sitio web del Gobierno Regional, una vez que se tiene la suerte de dar con el link correcto.
Sin duda, resulta relevante contar en esta instancia con dirigentes que con experiencia y conocimiento sobre la estructura del Estado y la gestión de políticas sociales entre otros temas, puedan aportar a los espacios para discusión de políticas públicas regionales pertinentes para el desarrollo del territorio regional, atendiendo a dimensiones de carácter técnico de alta complejidad muchas veces. Pero también es valido sostener, que dicha representación debe ser legitimada en la confianza de la ciudadanía toda, valor que hoy en día se ve fuertemente afectada por la evaluación ciudadana sobre las instituciones.
Es por ello, que procesos como la elección de consejeros del Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional, resultan relevantes para el desarrollo regional, y por lo mismo es deseable que dicha conformación sea informada a la ciudadanía, y se cuente con la participación activa de ésta, y no se transforme en un espacio oscuro, caldo de cultivo para el desarrollo de dinámicas clientelistas que sólo atenta contra el fortalecimiento de la democracia.