El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021 elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, reveló que los esfuerzos para enfrentar la corrupción hoy son más necesarios que nunca. Ya en 2020, este índice había reflejado una disminución en la capacidad de descubrir, castigar y prevenir la corrupción, lo que se vio acentuado con la pandemia, en especial en América Latina. De hecho, 5 de los 15 países latinoamericanos evaluados, registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones, siendo Brasil y México las caídas más bruscas.
Y a pesar del pesimismo, estas últimas semanas han aparecido señales de esperanza. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer un memorando en el que establece la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional, y en el que se compromete a promover la gobernanza, aportar transparencia a los sistemas financieros, además de prevenir y combatir la corrupción a nivel global.
Este memorando entrega un dato decidor: se calcula que sólo en términos financieros, los actos de corrupción restan entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Y a pesar de que este costo no es igual para todos los países, lo cierto es que el soborno, abuso de poder, apropiación indebida, las empresas fantasmas, el blanqueo de riqueza ilícita, entre otros delitos, afectan la confianza de los ciudadanos, la democracia, la equidad y socava los esfuerzos en pos del desarrollo, en especial, en economías más débiles.
De esta manera, Biden dio un plazo de 200 días a las agencias y oficinas de Estado, para llevar a cabo un proceso de revisión interinstitucional y desarrollar una estrategia presidencial para el combate contra la corrupción, que incluya acciones como modernizar y dotar de recursos a las agencias clave; proponer una legislación pertinente al Congreso; aplicar con firmeza la ley federal que exige a las empresas informar de los propietarios efectivos al Departamento del Tesoro; reducir el secreto financiero extraterritorial; exigir rendición de cuentas, identificar y recuperar los activos robados; entre otras medidas.
Lo anterior es una excelente noticia para América Latina, tanto para sus gobiernos como para sus empresas, quienes deberán estar alertas y ocuparse de prevenir la corrupción, pues las exigencias serán mayores en cuanto a probidad y normas éticas. Es más, el fortalecimiento de una ley que ya es poderosa como lo es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), exigirá que los programas de cumplimiento estén correctamente implementados, lo que obligará a revisarlos y actualizarlos, asegurando recursos adecuados en presupuesto y personal a cargo, además de chequear la guía actualizada del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Asimismo son esenciales las reevaluaciones de riesgo.
Cabe destacar, que en la misma línea, hace unos días se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre corrupción, en la que se aprobó una declaración política como hoja de ruta para ayudar a los países a combatir el soborno, el lavado de dinero y el abuso de poder, además de fortalecer la cooperación internacional.
Por otro lado, comenzó a funcionar la nueva Fiscalía Europea (EPPO), que investigará y procesará delitos que involucran fondos e impuestos de la Unión Europea (UE).
Haciendo un zoom en Chile, podemos alegrarnos de ocupar el segundo lugar como el país menos corrupto de Latinoamérica según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y según el Índice CCC. Sin embargo, el informe anual de la Oficina de Integridad Institucional y Sistema de Sanciones 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dio a conocer que sancionó por corrupción a tres empresas chilenas de 51 sancionadas en la región.
Pasa el tiempo y no conocemos mayores avances en relación a esta materia en nuestro país. Sin ir más lejos, en la última cuenta pública del presidente Piñera, no escuchamos ninguna propuesta para enfrentar la corrupción -a pesar de que han aumentado los casos investigados por este motivo-, ni tampoco sobre el estado de avance de la agenda antiabusos presentada en 2019.
Es de esperar que esta reactivación global de la lucha anticorrupción eleve las exigencias y las penas, pero recordemos que no es necesario que se impongan leyes más estrictas para comenzar a preocuparnos del control y prevención de la corrupción. Si bien el endurecimiento de normas es un empujón importante, el sector privado debe entender que el compliance debe estar en el corazón de su negocio, siempre ligado a su propósito.
Prevenir es un deber más allá de las exigencias.
