Fiscalía de Argentina imputa a exfuncionarios de Mauricio Macri

Un fiscal de Argentina imputó este lunes a tres ex altos miembros del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios para la represión de las protestas en ese país en noviembre de 2019, tras la salida de Evo Morales del poder.

La medida fue adoptada por el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, quien pidió ampliar la investigación respecto del exjefe de Gabinete Marcos Peña, del excanciller Jorge Faurie y del exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.

La imputación fue formulada luego de que el pasado 19 de agosto los actuales ministros argentinos de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, y la titular del Fisco, Mercedes Marcó del Pont -todos denunciantes en esta causa- aportaran ante la Justicia nuevo material probatorio.

Según informó el Ministerio Público, Navas Rial consideró que “los elementos arrimados” por los denunciantes “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”. Para el procurador, las nuevas pruebas aportadas “justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida” a Peña, Faurie, y Pompeo “en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico” a Bolivia “vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.

El fiscal ya había imputado en esta causa a Macri, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad. También, ya había imputado al exjefe de la Gendarmería argentina Gerardo Otero, a los exdirectores de Logística y de Operaciones de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, y al excomandante de la Gendarmería Adolfo Héctor Caliba.

La denuncia inicial fue presentada en julio pasado y se centra en el presunto “envío ilegal de armamento y municiones” a Bolivia, “material represivo” que, según los denunciantes, fue puesto “a disposición de la dictadura” de Jeanine Áñez. La denuncia se presentó luego de que el Gobierno de Alberto Fernández iniciara una investigación administrativa con el objetivo de recabar documentación sobre el presunto envío de material a Bolivia.

El material llegó presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina, que arribó a La Paz el 13 de noviembre de 2019 con un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional (Policía de frontera de Argentina) destinados a brindar seguridad a la Embajada argentina en Bolivia. Según la investigación administrativa realizada por el Gobierno argentino, en los registros oficiales consta la salida de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, latas de gas pimienta y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales.

Las nuevas pruebas aportadas incluyen los registros de ingreso a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, del 12 de noviembre de 2019 que, según los denunciantes, “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia” se tomó en ese lugar.