El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, manifestó su preocupación ante la denuncia interpuesta por el SEREMI de Vivienda, tras detectar una irregularidad en uno de los procesos del Plan Regulador Comunal de Arica. Asimismo, se mostró sorprendido de que este ministerio a cargo de la etapa de elaboración del plan, no detectara el error hace 4 años, cuando finalizó la primera parte.
La situación que acusó el SEREMI de Vivienda, Francisco Vallejo, habría ocurrido en el estudio de riesgo e impacto ambiental, donde figura una firma de una profesional que no participó de su elaboración. Durante este proceso el organismo mandante fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que en octubre de 2017 recién hace entrega del proyecto de Plan Regulador Comunal de Arica al municipio para su tramitación, donde venía ya el estudio en cuestión.
El alcalde Espíndola indicó que “llama la atención que desde el ministerio no detectaran esta irregularidad cuando recibieron el informe en abril de 2017. Fueron ellos quienes contrataron a la consultora, revisaron los informes, lo validaron, le pagaron, para luego entregarlo al municipio”. Agregando que pese a que la municipalidad no estuvo a cargo de esa etapa, entregará toda la información que la Fiscalía requiera a fin de esclarecer estos hechos.
Desde el municipio explicaron que el desarrollo del Plan Regulador Comunal comienza a gestarse en Arica en 2014, tras un convenio entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y la municipalidad. Luego de elaborado y visado por el ministerio, el documento llegó al municipio para iniciar las etapas de tramitación.
Espíndola espera que esto no afecte al proceso del Plan Regulador, y que la empresa consultora pueda resolver esto con el MINVU como corresponde, precisando que este instrumento es fundamental para el desarrollo de Arica, por lo que mientras más rápido se solucione la situación, más conveniente será para la ciudad.
Respecto a la recomendación del MINVU de retrotraer el Plan Regulador a la segunda participación ciudadana, el alcalde Espíndola señaló que la administración comunal evaluará si dicha medida es o no necesaria, dando un pronunciamiento en los próximos 20 días.
