La mitad de las municipalidades del país están siendo investigada por diversos delitos de corrupción, de acuerdo a datos del Consejo de Defensa del Estado, CDE.
Las cifras fueron entregadas por el servicio público en un seminario que organizó para analizar el fortalecimiento de la probidad y prevención de estos ilícitos.
“Vemos con preocupación el aumento de infracciones penales en el ámbito municipal” dijo el presidente de la entidad, Juan Peribonio.
Según el catastro del Consejo, en 2010 ingresaron 166 asuntos, el 2015 casi se triplicaron y el 2020 se llegó a 689 procesos. Desde entonces se mantuvo un stock de causas vigentes, a noviembre de 2021, de mil 119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país.
Según detalló Peribonio, de este universo, 489 causas corresponden a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, y tráfico de influencia, entre otros.
En detalle, un 52,17 por ciento de las municipalidades del país se encuentra vinculado a alguna investigación penal por este tipo de ilícitos.
En tanto, la fiscal nacional Claudia Perivanich señaló que las dificultas para investigar se genera en los “sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios”.
Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez, quien también expuso en la instancia señaló que es una situación frustrante ya que “muchas veces en que se hace todo el trabajo, la auditoría, luego viene un sumario con la propuesta de sanción por falta grave a la probidad”.
Explicó que “quien debe aplicar esa sanción es el concejo (municipal), llevándolo ante el Tribunal Electoral Regional (TER), pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo, y por lo tanto ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo”.
