La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, respaldó y despachó a la Sala, el proyecto que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua potable y electricidad generados durante la pandemia, junto con establecer subsidios a clientes vulnerables.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, expuso el proyecto, explicando que la ley que rige este tema venció el 31 de diciembre, por lo que los cortes de las empresas a personas que no han pagado comenzarían a fines de enero.
Por esto, el ministro detalló que el proyecto beneficiará a quienes tengan deudas generadas en pandemia desde el 18 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
De la misma forma, la ayuda incluye un subsidio de cargo fiscal para clientes vulnerables, que son usuarios residenciales del 80 por ciento del Registro Social de Hogares.
Es decir, el 75 por ciento de los deudores de agua y el 77 por ciento de electricidad, que no superen los límites de consumo mensual. “Ellos no pagarán nada, el costo lo asumirá el Estado”, enfatizó.
En concreto, a los clientes con cuentas mensuales impagas (en promedio 20 o 21) que superen los mencionados límites, se les prorrateará el monto total en 48 cuotas. Ello será sin la aplicación de intereses o reajustes.
El tope de cobro en la cuenta mensual no debe exceder el 15% al consumo promedio. En caso de quedar un saldo luego de las 48 cuotas, la deuda se extinguirá.
La normativa amplía el plazo para postular hasta el 31 de marzo de 2022 (las personas deben solicitar el beneficio en las mismas compañías).
También se establecen procedimientos especiales para las familias que comparten un medidor y que superan el límite establecido, para que puedan acceder al prorrateo. En tal caso, la postulación se extiende hasta el 30 de junio de 2022.
En cuanto al informe financiero, el subsidio tiene un costo total de 83.571 mil millones de pesos a cuatro años. Se estima que los costos anuales serán de 7.478 millones, para el servicio sanitario; y de 13.414 millones, para electricidad. Además, contempla 49 millones destinados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para la implementación del beneficio.