La Cámara de Diputados ratificó la solicitud del Gobierno de prorrogar por 15 días más el estado de excepción en la macrozona sur, que rige en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.
De esta forma, la séptima prórroga del estado de emergencia em la Macrozona Sur fue aprobada con 70 votos a favor, 48 en contra y 4 abstenciones.
La medida se aplica desde el 12 de octubre de 2021, fecha en que el Ejecutivo estableció la medida por decreto. Luego, reiteró la acción por la misma vía, para pasar a cumplir con el precepto que exige contar con la aprobación del Congreso para su continuidad. Así, se han sucedido las diversas solicitudes, todas aprobadas hasta la fecha.
En el texto, enviado al Senado para su aprobación, se reitera que la declaratoria del estado de excepción obedece al aumento y concentración de actos de violencia cometidos en la zona. Se explicita que ellos están vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Entre los argumentos también se destaca el amplio consenso expresado en la región de La Araucanía a favor del EECE. Ello se manifestó en una consulta pública realizada entre el 5 y el 7 de noviembre del año pasado.
Durante el debate, la mayoría de los legisladores respaldó la solicitud. Pese a reconocer que el Estado ha fallado en mantener el orden público, estimaron necesario mantener el EECE para sostener la paz en la macrozona sur y controlar delitos violentos. También lamentaron el asesinato de cuatro personas en la última semana.
Quienes estuvieron en contra, manifestaron que dichos crímenes se han producido durante el estado de excepción, que se supone es para reducir la expresión de la violencia. Consideran que mantenerlo normaliza la violencia que se extiende fuera de las provincias en las que se aplica. Por ello, la consideran una estrategia fracasada y errada.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, presentó cifras de su cartera, que aseguran que los hechos de violencia diarios en las cuatro provincias han disminuido de 5,5 a 2,9 casos durante el estado de excepción. Es decir, casi un 50 por ciento menos. Asimismo, se constata una reducción del 23% en ataques incendiarios y de 69% en las usurpaciones.