En la jornada del viernes, el Gobierno anunció que entregará pensiones de gracia a 49 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.
Estas pensiones significan una asignación mensual de 217 mil pesos para casi medio centenar de personas que se vieron afectados por acciones de agentes del Estado en el marco de las protestas del pasado 18 de octubre de 2019.
Los beneficiarios de la pensión fueron definidos por la Comisión de Pensiones de Gracia, organismo que depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Las víctimas fueron divididas en tres grupos según su grado de afectación. En primer lugar están las personas fallecidas, luego quienes sufrieron trauma ocular irreversible por parte de agentes del Estado, y quienes sufrieron lesiones gravísimas.
El beneficio fue calificado por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, como una medida “totalmente insuficiente.
Micco cuestionó que solo sean 49 las personas que vayan a recibir el beneficio y señaló que “el INDH desde diciembre de 2019 ha planteado la necesidad de una ley de reparación integral para las víctimas de
violaciones a los derechos humanos de la crisis social. Hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de saldar esa deuda”, dijo.
“La única compensación que existe hasta el día de hoy es la que contempla la Ley de Presupuesto 2021 y la Ley de Presupuesto 2022. Allí se plantea que el INDH debe acreditar como víctimas de violaciones a los derechos humanos a las personas que hayan sufrido un menoscabo laboral permanente producto de los hechos acaecidos durante la crisis social”, agregó.
Finalmente, indicó que “con esta acreditación, estas personas pueden solicitar una pensión de gracia a la Presidencia de la República. Un beneficio que dista mucho del daño provocado a las personas a las que se les vulneraron sus derechos”.
