La Corte Suprema entregó su decisión final respecto a la orden de cierre de la Universidad La República. En la instancia, el máximo tribunal decidió, por cinco votos a cero, dejar sin efecto este dictamen, por lo que la universidad podría continuar funcionando y los alumnos continuar sus estudios.
Cabe mencionar que la defensa de la casa de estudios, liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, acudió al máximo tribunal a mediados de enero, tras presentar un recurso de queja por la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago del 30 de diciembre de 2021, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la institución.
En dicha ocasión, se indicó que el fallo incurrió en “graves faltas y abusos” por desestimar el Plan de Recuperación presentado por la casa de estudios ante la Superintendencia de Educación para evitar su clausura.
En tanto, los alegatos se llevaron a cabo el pasado 7 de abril ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde el abogado de la universidad indicó que durante este proceso “no solo se elaboró un plan de reactivación por parte del rector Fernando Lagos y su equipo de administración, sino que se iniciaron investigaciones internas que terminan en el ejercicio de acciones penales respecto de la administración anterior”.
“No se está negando que haya habido problemas, lo que se está diciendo es que esos problemas no tenían la magnitud que le atribuyó el superintendente, no se respetó el debido proceso para corregir esos problemas y todo eso con el agravante de una universidad viva, que hoy está funcionando”, explicó la defensa de la casa de estudios.
Por su parte, en un fallo de 40 páginas, la Corte Suprema estableció que en este caso “se quebrantó de manera flagrante el debido proceso”, por lo que el máximo tribunal indicó que “el hecho que Superintendencia de Educación Superior reconoce que aplicó a la quejosa la medida de la letra a) del artículo 4 de la Ley 20.800, la obligaba a seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 de la misma Ley”.
En este sentido, la Suprema acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la institución universitaria, dejando sin efecto la Resolución N° 165 de 29 de marzo de 2021, emitida por la Superintendencia de Educación Superior, donde se indicaba la orden de cierre de la casa de estudios.
