En una entrevista al diario El Mercurio, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió al compromiso del gobierno sobre otorgar indultos a los denominados “presos de la revuelta”, originada en el marco del estallido social de octubre de 2019.
Al respecto, la titular de Justicia afirmó que “el gobierno le puso urgencia al proyecto de indulto a los “presos de la revuelta”, lo anterior según la ministra va en línea al compromiso del Ejecutivo, y “es un compromiso y una prioridad”, aunque confesó que no cuentan con “todo el apoyo en el Senado” para que la iniciativa sea aprobada.
Sin embargo, la secretaria de Estado señaló que están en una “ronda de conversaciones” sobre el proyecto con senadores y senadoras de distintas bancadas, para “lograr una fórmula alternativa o mejorar el apoyo que tienen hoy”, por lo que dicha iniciativa “sigue estando en la agenda del gobierno”.
Por otro lado, la ministra fue consultada por las criticas hacía los beneficios carcelarios de salida dominical que fueron otorgados al comunero Celestino Córdova, quien cumple una condena de 18 años de cárcel como autor del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.
Sobre esto, la ministra solidarizó con la familia afectada y señaló que “es importante que se sepa que cuando se otorgan beneficios no es un mensaje político, porque es una decisión técnica donde el gobierno no participa”.
Además, la secretaria de Estado explicó que en la información traspasada por el anterior ministro de Justicia, Hernán Larraín, se encontraba el proceso que había impulsado el diálogo entre el ministerio y el machi Celestino Córdova, producto de una prolongada huelga de hambre, donde hubo intervención del Alto Comisionado de Derecho Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En dicho proceso, según la ministra, “se tomaron acuerdos respecto al encarcelamiento del comunero, se aprobó una solicitud para tener ceremonias religiosas indígenas y se comprometió al ministerio de Justicia a realizar un proceso de consulta indígena, que debe ser realizado en diálogo con las personas indígenas privadas de libertad”.
