La agencia gubernamental de defensa del consumidor en Perú demandó a la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en enero pasado.
“Estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas”, dijo Julián Palacín.
Se trata del director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El derrame ocurrió el 15 de enero pasado mientras el buque tanque “Mare Doricum” descargaba crudo en la refinería de La Pampilla en Ventanilla. Esto, a 30 km al norte de Lima, propiedad de Repsol.
La petrolera atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, al otro lado del océano Pacífico, y el gobierno peruano lo calificó como “desastre ecológico”.
El derrame de crudo de Repsol afectó a más de 700.000 pobladores, pescadores en su mayoría, y obligó al cierre de una veintena de playas y decenas de comercios de las zonas.
El Indecopi reclama 3.000 millones de dólares por daños ambientales y 1.500 millones por daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, según la demanda.
Ocho procesados en la demanda de Perú a Repsol
La mancha de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas halló 539 aves y dos lobos marinos muertos hasta el 11 de abril.
Las actividades pesqueras y turísticas en la zona se han visto perjudicadas desde hace cuatro meses.
La Fiscalía abrió una investigación por el derrame y ocho directivos de Repsol tienen impedimento judicial de salir del país por el incidente, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Los demás son peruanos.
Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto cinco multas a Repsol por unos 620.000 dólares.
Inmovilizado a pedido de la fiscalía, cuatro meses después del derrame, el Mare Doricum permanece anclado a seis millas de la costa peruana bajo vigilancia de guardacostas de la Marina.
De bandera italiana, el buque tanque es un carguero tipo Suezmax, construido en 2009 y propiedad de la armadora italiana Fratelli d’Amico. Su base está en Nápoles.
La nave no se moverá hasta que termine la investigación, pero la tripulación no se encuentra detenida, precisó la Capitanía de Puerto del Callao.
La petrolera española había entregado hasta abril bonos de 500 soles (125 dólares) y un adelanto de indemnización por 3.000 soles (unos 810 dólares) a cientos de familias, indicaron asociaciones de pescadores.
Según, Repsol los trabajos de limpieza en el mar y las playas llegaban al 96% en abril.
