El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las medidas en materia de seguridad que ha implementado el gobierno en la Macrozona Sur, donde desde el pasado 17 de mayo rige el Estado de Excepción constitucional en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en toda la región de La Araucanía.
Al respecto, en entrevista con el diario La Tercera, el subsecretario aclaró que la decisión de implementar el Estado de Excepción va en línea a los sostenido por el presidente Gabriel Boric, quien “siempre dijo que iba a estar disponible a usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le permitía para cumplir las tareas de gobierno”.
En este sentido, la autoridad explicó que “el término del Estado de Excepción se evaluó como un elemento que podía favorecer la posibilidad de diálogo con actores que representaran al pueblo mapuche” y que además permitirá “enfrentar el núcleo del conflicto y no sólo las aristas”.
Asimismo, señaló que en la actual administración “hay una interpretación diferente de lo que ocurre en el sur respecto de los gobiernos anteriores”, lo anterior en comparación a la comprensión del problema que tuvo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Sobre esto, el subsecretario explicó que “las raíces del problema son políticas e históricas, y que el nudo crítico tiene que ver con las demandas políticas”.
En tanto, al ser consultado por la violencia en la Macrozona Sur, la autoridad de gobierno indicó que “hay algunos hechos que bajaron, como las usurpaciones o los hechos vinculados al uso de armas de fuego”, sin embargo, no pasa lo mismo “respecto a los ataques incendiarios y al robo de madera”.
En esta línea, Monsalve aseguró que “cuando se aumenta el control sobre ciertos territorios de la zona, estos hechos tienden a desplazarse donde hay menos control”, lo que según el subsecretario “demuestra que mientras haya organizaciones dedicadas al uso de armas y a la organización de hechos de violencia, esto no se va a resolver”.
Frente a lo anterior, el subsecretario del Interior señaló que para desarticular este tipo de organizaciones se debe avanzar en “la persecución penal”.
