La Delegación presidencial de Arica y Parinacota conformó una Mesa de Trabajo para coordinar acciones que entreguen soluciones concretas a la comunidad de la Villa “El Pedregal”, luego de la sentencia dictada por la Corte Suprema que acogió un recurso interpuesto por vecinos en contra de la Gobernación Provincial de Arica en 2019 y ordenó una pronta intervención respecto a la ocupación ilegal de terrenos en el sector, que perturba los derechos de los vecinos y vecinas y lo concerniente a la seguridad de las familias.
El Delegado Presidencial Regional de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, lideró el encuentro donde surgieron nuevos análisis y propuestas para atender de manera integral el cumplimiento de lo requerido por el máximo Tribunal, y sobre todo resguardar y recuperar bienes inmuebles fiscales que han sido ocupados de manera ilegal.
Entre los principales acuerdos, el seremi de Educación, Francisco Valcarce, comprometió una intervención en el sector, a fin de determinar el nivel de escolaridad y deserción de los niños, niñas y adolescentes del terreno que se encuentra tomado, y extender este catastro al conjunto habitacional de los recurrentes.
Por su parte, Mideso revisará lo concerniente al Registro Social de Hogares; asimismo se incorporarán en la Mesa a la seremi de Medio Ambiente y de Justicia y Derechos Humanos, a fin de ampliar la mirada intersectorial que requiere la solución de esta problemática.
Sobre el tema. la directora (s) de Serviu, Nancy Araya, explicó que “estamos cumpliendo con el compromiso abordar las problemáticas expuestas por las familias que habitan el conjunto habitacional El Pedregal, de acuerdo a lo instruido por la Corte Suprema, pero también por el compromiso que tenemos con quienes viven en dicho conjunto habitacional”.
Finalmente, la Municipalidad de Arica -a través de la Directora de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, DIPRESEH, Marjorie Pino, indicó que “es sumamente importante ser parte de esta mesa de coordinación intersectorial que va a permitir unificar esfuerzos y realizar un trabajo mancomunado que permita dar respuesta al fallo de la Corte Suprema, tanto para quienes habitan en condiciones de precariedad y condiciones de asentamiento, pero también a los vecinos que se sienten afectados con esta situación”.
