La Subsecretaría de Salud Pública ordenó una investigación en contra del seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra quien aseguró en abril que en el Gobierno fueron mandatados por el Presidente Gabriel Boric para impulsar el Apruebo, vulnerando la prescindencia de cara al Plebiscito.
Sobre esto el Ministerio de Salud informó este jueves que “la Subsecretaría de Salud Pública ha instruido la realización de un sumario para investigar a cabalidad los dichos efectuados por la autoridad regional relacionados a haber recibido un mandato presidencial para inclinarse por una de las opciones del plebiscito constitucional”.
Asimismo, indicaron que “dicho procedimiento disciplinario es en base al cumplimiento irrestricto por parte del Gobierno al dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la prescindencia que deben tener las autoridades en el proceso de campaña de cara al próximo 4 de septiembre”.
Cabe mencionar que la situación ocurrió el pasado 28 de abril en una charla organizada por la Universidad Técnica Federico Santa María, donde Barra aseguró que “nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses, particularmente respecto a lo que es la Convención Constitucional y el plebiscito de salida”.
“Nosotros como Gobierno estamos disponibles para el Apruebo y lo vamos a impulsar, y esa es nuestra opinión, y, como digo, estamos mandatados por nuestro Presidente para plantearlo”, añadió.
En tanto, las declaraciones del seremi resurgieron debido a las recientes acusaciones de intervencionismo electoral en contra del Ejecutivo.
Al respecto, la vocera de Gobierno, Camilla Vallejo fue consultada por el tema durante el lanzamiento de un kiosco que entregará copias de la propuesta de Constitución a pasos del Palacio de La Moneda.
“Obviamente es grave, estamos con los antecedentes. No sé cómo habrá interpretado y qué habrá interpretado el seremi, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y deber de prescindencia que deben respetar todos los miembros de este Gobierno, no solamente las altas autoridades, sino que también sus funcionarios”, respondió la ministra.
También, la ministra explicó que si bien “todos tienen derecho a tener opinión y son ciudadanos de nuestra patria”, esta debe ser “en el marco de la prescindencia”.
