Tras una serie de negociaciones, los partidos oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, dieron a conocer el acuerdo para concretar cambios a la nueva Constitución en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida.
El trato se alcanzó una reunión donde participaron los presidentes de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; Partido Comunista, Guillermo Teillier y el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social.
Además el acuerdo lo dio a conocer el actor Alejandro Goic desde la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, quien indicó que el texto “aclara ciertas dudas e interpretaciones que buscan confundir y desinformar a la ciudadanía constituyendo al voto responsable e informado”.
El documento “Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución”, consta de cinco puntos y sostiene que la propuesta emitida por la Convención “es un nuevo pacto social que valoramos profundamente”.
Plurinacionalidad
En el acuerdo se aborda la plurinacionalidad y se aclara que la consulta indígena se establecerá sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.
Asimismo, se indica que las autonomías territoriales se desarrollarán “en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas” estableciendo que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”.
“Ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”, sostiene el documento.
También, el acuerdo establece que la justicia indígena se aplicará “solo a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales, además, estará subordinada a la justicia ordinaria y la Corte Suprema”. Tampoco existirán regímenes de justicia paralelos “que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial”.
“Reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos”, agrega el acuerdo.
Derechos Sociales
Respecto a este punto, se propone que “la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual”.
En tanto, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad estarán asegurados, “siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. También “se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
A su vez, el acuerdo establece un sistema nacional de salud que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores”.
“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”, sostiene el documento.
En relación a los Estados de Excepción, los partidos oficialistas proponen “establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho.
En este línea, se propone que “todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.
Sistema Político
En cuanto al sistema político, el acuerdo indica que se buscará un mayor “equilibrio entre el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales“ y que se respetara “siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal.
En este sentido, se buscará “la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado”.
“Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”, agrega el documento.
También, se acordó la eliminación de la reelección inmediata del Presidente de la República “para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político electorales”.
Poder Judicial
En esta materia, se determinó reemplazar en la Constitución la denominación de “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial” y también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.
Adicionalmente, las colectividades indicaron que “creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.
Asimismo, considerando la importancia de los derechos fundamentales acordaron comprometerse “a implementar el recurso de tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.
