El Ministerio Público citó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar como imputado por eventuales delitos en contra de los derechos humanos cometidos por la institución policial durante el estallido social de octubre de 2019, periodo en que el general era director de Orden y Seguridad.
La causa fue iniciada en 2019 por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y en la actualidad está en manos de la fiscal Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y quien citó para la próxima semana al director de Carabineros.
Dicha investigación que lidera la persecutora se relaciona a una nueva causa iniciada por dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, que busca establecer una responsabilidad de superior o de “mando” por supuestos “delitos de omisión” en apremios ilegítimos durante el estallido.
Además, el abogado Jorge Martínez, defensa del general, presentó un informe en relación con “la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de Carabineros”.
El documento sostiene que en Chile durante el estallido social hubo “problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Lo que llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venían ejerciéndolas habitualmente”.
Lo anterior, se tradujo en “una incapacidad de recuperar el espacio público garantizado a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos de uso de la fuerza”.
También, el informe descarta “el elemento existencia de una política estatal para dañar a la población” y “se constata que tampoco existen indicaciones suficientes de la existencia de un ataque generalizado sistemático contra una población civil”.
“Hay que atender el hecho de que no todos los manifestantes fueron atacados, de hecho, la mayoría de los millones de intervinientes en las manifestaciones no sufrieron ningún daño. Además, tampoco se constata un patrón consistente de atacar a los opositores al Gobierno fuera del contexto de las manifestaciones”, sentencia el documento.
