La noche del miércoles se conoció que el Presidente Gabriel Boric le instruyó a la ministra de Defensa, Maya Fernández que regresara de urgencia a Chile luego de que se conociera un “hackeo” de correos electrónicos de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, las cuales integran el Estado Mayor Conjunto.
Tras la filtración, el Gobierno ordenó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a una investigación penal.
Según consigna Ciper Chile, entre los más de 400 mil mensajes de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto que fueron expuestos, se incluyen documentos rotulados como “reservado”, “secreto” y “ultra secreto”, de áreas sensibles de la defensa como la estrategia de ciberseguridad, el sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales en las fronteras y programas para almacenar bases de datos de inteligencia.
Además, en la filtración hay numerosos reportes sobre la crisis migratoria en el norte del país, donde se detalla que todos los días los efectivos del EMCO elaboraron un informe sobre las personas que intentaron ingresar a Chile de manera irregular y que fueron avistadas por militares.
En detalle, uno de estos reportes reveló un aumento significativo en el número de intentos de ingreso de migrantes por pasos no habilitados donde en 2019 hubo 2.654 avistamientos. En tanto, en 2020 la cifra aumentó a 6.073 y en 2021 los intentos de ingreso por pasos no habilitados incrementaron considerablemente llegando a 144.578.
Cabe mencionar que los documentos no establecen si esas personas lograron entrar al país y solo sostienen que cada uno de los avistamientos fueron comunicados a las policías, es decir, a Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) para que las instituciones se hicieran cargo de los procedimientos correspondientes.
