La Asociación de Isapres emitió una declaración expresando su molestia con la Superintendencia de Salud, acusando una merma por $94 mil millones debido a la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo y los porcentajes que resolvió la autoridad semanas atrás, para el proceso de adecuación.
“Una merma en la recaudación por $94 mil millones, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo por la Ley 21.350 y los porcentajes que resolvió la autoridad la semana pasada, para el proceso de adecuación 2022-2023″, indicaron.
En el comunicado el presidente de la asociación, Gonzalo Simón criticó a la institución señalando que “el criterio de cálculo que aplicó la Superintendencia de Salud no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza”.
Además, indicaron que “si bien la medición constató un alza en los costos, por mayor uso de prestaciones y licencias médicas, que alcanza el 22,5% en el sistema, la autoridad optó por autorizar un 6% promedio en las Isapres, valor que representa un tercio del incremento real de gastos, según consta en las resoluciones emitidas”.
En ese contexto, cuestionaron el “criterio de cálculo” que aplicó el organismo apuntando a que “no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la ley que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo de alza”.
Las aseguradoras expresaron que las propuestas de alzas no fueron antojadizas, sino que responden a la “siniestralidad real de las carteras de afiliados a partir de antecedentes que son permanentemente validados por la autoridad y que permiten justificar correctamente la adecuación en cada institución”.
A su vez, señalaron que ven con “profunda preocupación” las acciones de la Superintendencia de Salud y argumentaron que éstas “son contrarias a las garantías de un modelo regulado y profundizan la crisis de sostenibilidad”.
También agregaron que lo ocurrido “impacta aún más la sostenibilidad financiera, elevando las pérdidas en un sistema que mantuvo los precios congelados entre junio de 2020 y julio de 2022”.