Este miércoles los partidos políticos del oficialismo, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, llegaron a un acuerdo para impulsar un nuevo proceso constituyente que permita la redacción de una nueva Constitución.
“Es fundamental continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas que nos permitan avanzar hacia las garantías públicas que le den un mejor vivir a la ciudadanía”, señala el documento donde se detallan los acuerdos.
Además, indicaron que refirman “el profundo compromiso con los cambios que nuestro país exige y con una nueva Constitución Política que dé cuenta de un nuevo pacto social inclusivo, justo y respetuoso de las distintas miradas de nuestra Patria”.
También, señalaron que “retrasar esta discusión genera incertidumbre institucional que es perjudicial para el abordaje de las urgencias que viven día a día los chilenos y chilenas”, por lo que es importante “establecer prontamente una hoja de ruta participativa, austera y acordada transversalmente”.
Entre las consideraciones a las cuales se comprometieron los partidos oficialistas para el nuevo proceso constituyente, se encuentran la elección de un órgano 100% electo, paritario y con la participación de pueblos indígenas e independientes.
Asimismo, definieron que la elección de los representantes sea en abril de 2023 y que el funcionamiento del órgano se efectúe en un plazo no mayor a seis meses. En tanto, el Plebiscito de Salida se realizaría en diciembre de 2023 con voto obligatorio.
En el documento, se detallan las consideraciones a las cuales se comprometieron para el nuevo proceso constituyente, donde destacan la conformación de un comité de expertos, algunos principios constitucionales y la elección de un nuevo órgano.
Comité de expertos
Sobre este punto, los partidos oficialistas determinaron conformar un equipo de expertos y expertas, que estará abocado a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y el acompañamiento permanente del debate en todas sus fases.
Además, los firmantes indicaron que es “oportuno conformar un equipo de expertos y expertas abocados a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y al acompañamiento permanente del debate en todas sus fases”.
Respecto a la elección del comité, afirmaron que “el Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional”.
No obstante, consideran que será relevante que el equipo “se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía”.
Asimismo, establecieron que el equipo deberá “sistematizar los insumos de debate del órgano constitucional”, por lo que se considerará “el proyecto constitucional de la ex Presidenta Michelle Bachelet, la propuesta de texto de la Convención Constitucional, los insumos de las consultas ciudadanas realizadas por las municipalidades en 2019 y el trabajo de la academia”.
Principios constitucionales
En este punto, acordaron respetar el carácter unitario del Estado de Chile y su condición de república y su régimen democrático; la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo, y el himno nacional y los emblemas patrios.
También, se incluyen las sentencias judiciales, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y “todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el país”.
“El derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad”, agregaron.
Órgano constitucional 100% electo, paritario y con participación de pueblos indígenas e independientes
Sobre este punto, los partidos acordaron que el órgano constitucional sea 100% electo, donde la paridad sea “una condición democrática que debe sostenerse” y que deberá cumplirse tanto “en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano”.
A su vez, recalcaron que “Chile tiene una deuda con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, por lo que acordaron “su participación colectiva mediante escaños reservados en el órgano democrático, en un número proporcional al registro indígena de las Conadi”.
Del mismo modo, aseguraron que “la participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos”.
