El martes 22 de agosto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un escrito ante la Corte Suprema para extender la visita de Romy Rutherford en la causa, lo que fue rechazado por el máximo tribunal del país.
El órgano colegiado buscaba que la Suprema otorgara otros seis meses a la ministra en visita para continuar su investigación. Cabe recordar que ya se le había renovado una primera vez, en 2020, y, luego, en marzo de 2022, tras aprobarse una indicación a la denominada “Ley Rutherford”. Por eso, se le concedió una extensión más, hasta el 4 de septiembre de 2023.
Desde que Rutherford asumió la investigación por fraude dentro del Ejército, se han dictado 12 condenas, además de imputar a los generales (R) Izurieta, Fuente-Alba y Oviedo malversar, más de $14.300 millones en gastos reservados.
En el escrito entregado por el Consejo de Defensa del Estado se argumentaba que “sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción”.
“En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”, agrega el documento.
Cabe mencionar que durante su trabajo, la ministra en visita debió ser escoltada por carabineros de la Protección de Personas Importantes, además, enfrentó acusaciones en su contra ante el Tribunal Constitucional, entre otras complicaciones.
En concreto, Rutherford tuvo que analizar 2.670 archivadores guardados en una bóveda para lograr armar los casos en contra de los altos funcionarios y exfuncionarios del Ejército.