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CASO CONVENIOS | Contraloría detecta falencias en Seremi de Vivienda y remite antecedentes a Fiscalía de Tarapacá y CDE

La pesquisa de la entidad fiscalizadora realizó 15 observaciones y envió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

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La Contraloría General de la República (CGR) constató una serie de falencias en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Tarapacá y el Serviu, tras realizar una auditoría por las transferencias efectuadas por los convenios celebrados con distintos organismos.

En el marco del programa de asentamientos precarios, la pesquisa de la entidad fiscalizadora realizó 15 observaciones a ambas entidades, recomendó algunas medidas y tomó acciones administrativas, además de enviar los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según el informe emitido por el organismo contralor, en la región de Tarapacá se estableció que de los 23 convenios bajo análisis, siete fueron suscritos con la Fundación EnRed Social y 16 con Enlace Urbano, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, por un monto de $2.836.003.986. No obstante, se pudo evidenciar que presentaron una serie de falencias desde “el punto de vista administrativo o procedimental”, como falta de protocolos y de revisión, igualmente constataron indicios de faltas a la probidad.

Contraloría identificó que al 8 de septiembre seguían con montos por rendir. Conforme al detalle, los saldos pendientes de rendición eran de $431.930.915 por parte de Enlace Urbano y de $168.079.015 por EnRed, pese a que la mayoría de los tratos habían expirado en agosto. A su vez, los fiscalizadores determinaron que existe “falta de control y de oportunidad en el monitoreo de la ejecución de los convenios”. En este caso, el organismo también detectó falta de concordancia entre los giros vigentes de ambas fundaciones y las actividades convenidas que estas debían ejecutar.

Por otro lado, se pudo constatar que cinco de las iniciativas de inversión asignadas a EnRed por un monto total de $827.119.263, correspondían a proyectos de iguales características denominados “Habitabilidad Primaria”, los que si bien se ejecutarían en distintos campamentos, son asentamientos colindantes, ubicados en la comuna de Alto Hospicio. Situación similar ocurrió en el caso de Enlace Urbano, que dividieron en cinco un proyecto que tenía características prácticamente idénticas. Según el informe, “no se advierte el motivo por el cual se separaron las iniciativas en convenios de transferencias distintos”.

También, se observó que el analista contable de la Sección de Administración y Finanzas de la Seremi de Vivienda de Tarapacá “actuó como contraparte financiera de los Programas de Asentamientos Precarios, realizando la supervisión de respaldos, montos rendidos y contabilizaciones relacionadas con los convenios suscritos”.

Conclusiones del informe

Respecto a las observaciones formuladas, todas consignadas como Altamente Complejas (AC), el organismo fiscalizador remitirá una copia del documento y todos los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que haya lugar.

Asimismo, en cuanto a los reproches contenidos en el informe, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá deberán iniciar “un proceso disciplinario, tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”. 

Por su parte, la Seremi de Vivienda y en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) deberán “adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen”, entre las cuales se estima necesario  considerar medidas para la Seremi, el Serviu y ambas entidades en conjunto.

Medidas a adoptar por la Seremi de Vivienda de Tarapacá

Respecto del numeral a la “Falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia”, la Seremi en coordinación con el Nivel Central, deberá adoptar las acciones tendientes a evitar en lo sucesivo situaciones como la observada, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 9°, inciso tercero, de la ley N° 18.575

“Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”, indica el artículo 9 de dicha ley.

La Seremi del Minvu, deberá implementar lo señalado en el manual aprobado por la resolución 1.548 antes citada, así como con el oficio circular N° 20 de 2023, del Ministerio de Hacienda, lo que tendrá que ser verificado por su Auditoría Interna.

Además, la Seremi deberá “elaborar y formalizar un procedimiento interno que especifique cómo se validarán las declaraciones juradas, aportando la documentación a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles a contar de la fecha de recepción del oficio”. 

Medidas a adoptar por el Serviu

El Serviu, en coordinación con el nivel central, “deberá implementar un procedimiento para la estimación de costos que permita la confección de presupuestos para el Programa de Asentamientos Precarios y para las actividades a realizar en cada proyecto, que permitan identificar de manera previa a la transferencia de los recursos, las acciones específicas a ejecutar y los costos asociados a cada una de ellas, que, en consecuencia, determinarán el monto a transferir”.

También, deberá “implementar un procedimiento para la estimación de costos que permita la confección de presupuestos para el Programa de Asentamientos Precarios y para las actividades a realizar en cada proyecto, que permita identificar de manera previa a la transferencia de los recursos, las acciones específicas a ejecutar y los costos asociados a cada una de ellas, que, en consecuencia, determinan el monto a transferir”. 

Respecto de lo observado en el numeral 9, “Falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de las transferencias”, el servicio deberá implementar “un procedimiento para la estimación de costos que permita la confección de presupuestos para el Programa de Asentamientos Precarios y para las actividades a realizar en cada proyecto, que permita identificar de manera previa a la transferencia de los recursos, las acciones específicas a ejecutar y los costos asociados a cada una de ellas”.

Medidas a adoptar por ambas entidades 

La Seremi y el Serviu de Tarapacá, en coordinación con el Nivel Central, deberán establecer las medidas de control que correspondan para exigir que los planes de trabajo sean presentados por las fundaciones como un antecedente de medidas a adoptar.

Ambas entidades fiscalizadas deberán establecer las  actividades de control para el monitoreo oportuno de las rendiciones, además, “deberán definir y adoptar las acciones” para evitar “la separación de iniciativas que sean factibles de desarrollar a través de un solo convenio, en concordancia con lo dispuesto en el punto 13, Prohibición de fraccionamiento en distintos convenios la asignación de recursos a una misma institución privada”.

Comunicado Minvu

En relación a los informes emitidos por la Contraloría sobre las transferencias de recursos efectuadas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) declaró que “entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre las Secretarías Regionales Ministeriales del Minvu fueron notificadas de los informes de auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República”.

“Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio. Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines”, agregaron. 

Asimismo, indicaron que para prevenir “este tipo de hechos, y siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República, presentamos y estamos implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia”.

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