El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó la cancelación de la emergencia para la comuna de Alto Hospicio, tras el incendio en el vertedero ilegal que ocurrió a inicios de semana.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de Senapred Tarapacá, el incendio ocurrió al interior de un vertedero ilegal, en la intersección de las rutas A-618 y A-616, frente a la ex Azufrera. Además, se informó que el siniestro fue extinguido y tuvo una superficie de 2 hectáreas.
En función de lo anterior, Senapred canceló la emergencia para la comuna de Alto Hospicio por el incendio en el vertedero, que se mantuvo vigente desde el 21 de noviembre del 2023.
Trabajaron en el lugar el Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio, Iquique y Santa Rosa; además de un equipo de Senapred Regional y personal municipal de Alto Hospicio e Iquique con apoyo de maquinaria privada de la Minera Collahuasi.
Incendio en vertedero clandestino
El siniestro comenzó con una quema de basura, cerca de las 18:00 horas del lunes 20 de noviembre, y las unidades de la institución fueron despachadas cerca de las 23:00 horas de ese mismo día.
A causa de la nube tóxica que afectó a la comuna, diversos establecimientos de la comuna debieron suspender clases el pasado martes 21 y miércoles 22 de noviembre como medida preventiva.
En la oportunidad, Juan Carlos Aguirre fue detenido por personal de Carabineros por impedir el ingreso al inmueble, retrasando el trabajo de los equipos de emergencias para contener el siniestro.
Además, la Municipalidad de Alto Hospicio interpuso una querella criminal por el delito de incendio, acción que fue proveída en la audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, instancia en que se formalizó al imputado.
En ese contexto, Camila Suazo, jueza titular del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, acogió la tesis de la municipalidad más los argumentos y antecedentes que obraban en la carpeta del Ministerio Público.
De esta manera, el tribunal declaró la prisión preventiva del imputado por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando un plazo de investigación de 90 días. Asimismo, la defensa del imputado cuenta con 5 días para recurrir ante la corte y apelar de dicha resolución.