La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región de Tarapacá interpuso un recurso de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia (CPLT), luego que la entidad acogiera el requerimiento de un abogado que solicitó información respecto a la recepción de US$5 millones en aportes de privados.
La solicitud fue realizada en mayo de 2023 por Enzo Morales, quien pidió una copia de todos los antecedentes sobre los aportes privados recibidos por dicha entidad, así como su origen, uso, destino, ejecución y rendición, fundado en las afirmaciones realizadas por el presidente del directorio de la corporación y actual gobernador regional, José Miguel Carvajal, en la prensa local.
En detalle, la autoridad regional indicó que “no hay acosos ni demandas y tenemos inversión privada por 5 millones de dólares, que no teníamos en esta institución”. Lo anterior, después que el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá aprobara $4.000 millones para el presupuesto del año 2024.
En el reclamo de ilegalidad, la Corporación Tarapacá argumentó que “la Ley de Transparencia no la obligaba a divulgar la información solicitada y, además, existía una obligación de confidencialidad sobre el origen de los aportes privado”.
Dada esta situación, Mórales apeló en junio de 2023 ante el CPLT, que resolvió la entrega de estos datos y la decisión fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 18 de diciembre de 2023. El servicio ordenó entregar la información requerida, fundada principalmente “en la obligación de entregar antecedentes públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado”.
Debido a esto, el 2 de enero la Corporación Tarapacá interpuso un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Iquique, donde se indica que “el principio de transparencia pública resulta aplicable solamente a los órganos de la Administración del Estado y no a una persona jurídica de carácter privado como lo es la Corporación”.
“(La) Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá, es una persona jurídica de derecho privado que no se encuentra contemplada en el inciso 5 segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, indica el reclamo de ilegalidad.
Convenio de confidencialidad y reserva
Respecto a los recursos recepcionados por la entidad regional, en el reclamo de ilegalidad se desprende que los fondos privados tienen su origen en un convenio de Colaboración entre la Fundación Educacional Collahuasi y la Corporación, pero dicho acuerdo impone a la unidad de apoyo estratégico para el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá “la obligación de guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre todos los antecedentes”.
“Dicho convenio, el que se adjunta debidamente tarjado, en su cláusula octava, impone a la Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá, la obligación de guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre todos los antecedentes, documentos, datos, información estadística, y demás a que tenga acceso con ocasión de la implementación de dicho convenio, quedando prohibida su divulgación”, detalla el documento.
“Este reclamo de ilegalidad muestra verdaderamente quién es José Carvajal”
Tras la presentación del recurso de ilegalidad, el abogado Enzo Mórales indicó que “la actuación de José Carvajal como presidente de la Corporación de Desarrollo Productivo Tarapacá “es incoherente y contradictoria”.
“Por una parte, suscribe convenios de colaboración con el Consejo para la Transparencia y cuando se le solicita acceder a información de carácter público, revelada por él mismo, que señala aportes privados por US$5 millones y cuando la ciudadanía quiere saber el origen, el uso, el destino, la ejecución y la rendición de esos fondos que al pasar a la Corporación Tarapacá pasan a ser fondos públicos, sujetos al control”, agregó el jurista.
Mórales criticó al gobernador señalando que “hoy día nos dice que la Ley de Transparencia no se le aplica. Por lo tanto, considero que este reclamo de ilegalidad muestra verdaderamente quién es José Carvajal”.
“Por un lado, las cuñas, la figuración pública, las notas de prensa, la suscripción de convenios y cuando tiene que rendir cuenta a la ciudadanía, contrata a los abogados de su hermano es decir, con fondos públicos, contrata a los abogados de su hermano Carlos Carvajal para oponerse al cumplimiento de la ley de transparencia y no revelar el origen, uso, destino, ejecución y rendición de US$5 millones que hoy día son parte del patrimonio público de la región de Tarapacá”, añadió el abogado.