La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un proceso disciplinario a Gendarmería de Tarapacá, tras una investigación a los gastos y la entrega del servicio de alimentación al personal del Complejo Penitenciario (CP) de Alto Hospicio y el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Iquique, y por el pago de viáticos a funcionarios de la Dirección Regional entre 2020 y 2022. El organismo realizó más de 10 observaciones.
La auditoría se efectuó en marco del plan anual de fiscalización de la Contraloría Regional en 2023 y se planificó para verificar que el otorgamiento de los beneficios mencionados se ajusten a la normativa vigente.
También se consideró una denuncia del diputado Renzo Trisotti sobre un trabajador de la cárcel de Alto Hospicio, que habría sido excluido de la entrega del beneficio de alimentación durante el período auditado.
En relación con las observaciones contenidas en el Informe Final N° 771, con fecha del 3 de enero de 2024, sobre la entrega del beneficio de alimentación por ticket restaurant electrónico al personal de la cárcel de Alto Hospicio y de Iquique; la falta de documentación original en los gastos de alimentación y el pago de viáticos a funcionarios, la Contraloría solicitó a la Dirección Regional que instruya “un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos representados”.
Entrega de alimentos por más de $58 millones
Durante el período auditado y en plena Alerta Sanitaria por la emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, el director regional de Gendarmería de Tarapacá permitió al personal a realizar sus funciones de manera presencial, remota y alternando ambas modalidades.
En ese contexto, la Dirección Regional de Gendarmería autorizó, en el periodo auditado, el racionamiento fiscal mediante la modalidad de tarjeta de alimentación a 142 personas de las cárceles de Iquique y Alto Hospicio por $58.305.780.
La entidad fiscalizadora solicitó a dichos recintos un informe respecto de la modalidad de trabajo asignada a los trabajadores, constatando que los beneficiarios durante 2020, 2021 y 2022, desempeñaron funciones en modalidad de teletrabajo en el domicilio y en sistema de turnos que alternaban presencialidad y permanencia en sus domicilios, lo que además fue autorizado por la Dirección Regional.
No obstante, Contraloría detectó que la entidad penitenciaria “no contaba con documentación suficiente para acreditar los días en que se otorgó el beneficio” y que no es factible verificar que los funcionarios estuvieran cumpliendo sus labores y en una jornada que no sea inferior a las 44 horas semanales, a distancia o alternando la modalidad con trabajo presencial en la institución.
La entidad fiscalizadora detalló en el informe que “no resultó procedente” el otorgamiento de raciones de alimentación por $58.305.780 a 142 personas que durante el período 2020, 2021 y 2022, se desempeñaron en la cárcel de Alto Hospicio y el recinto penal de Iquique en modalidades especiales de trabajo con ocasión de la pandemia por COVID-19.
Dada “la gravedad del hecho observado” la Dirección Regional de Gendarmería deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas, enviando el acto administrativo de inicio a la Unidad de Seguimiento de Contraloría.
Pago indebido de viáticos por $1.701.290
En el informe se detalla que la Dirección Regional de Gendarmería de Tarapacá, durante el año 2022, registró gastos en viáticos por $49.559.089, según información contenida en el mayor contable de las cuentas denominadas “Comisión de servicios en el país” para el personal titular y a contrata.
Tras una revisión a 10 comprobantes de pago de viáticos equivalentes a $22.543.588, la CGR observó que la entidad de Gendarmería aplicó un criterio distinto al definido en el manual de viáticos, en relación a viáticos parciales, lo que implicó “el pago indebido de $1.701.290”.
“En consecuencia, se observa la suma de $1.071.290, por pago de viáticos improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes, de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General”, se detalla en el informe.
Además, se indica que la Dirección Regional de Gendarmería “se encuentra en proceso de revisión de los casos observados con el objeto de determinar la procedencia del pago de viáticos, y en caso contrario solicitar los respectivos reintegros”.
Sin embargo, en consideración a que “la entidad no aportó los antecedentes que permitan desvirtuar el reproche formulado”, la Contraloría estableció que la dirección deberá requerir a los funcionarios involucrados, el reintegro de la suma y que se incorporare un procedimiento disciplinario, remitiendo el acto administrativo a la Unidad de Seguimiento.
Adquisición de recargas de ticket restaurant por más de $134 millones
Tras la revisión al universo de compras de ticket restaurant electrónico efectuadas por la Dirección Regional de Gendarmería, entre 2020 y 2022, a través de convenio marco, la CGR observó que 6 comprobantes de pago de 2020, 2021 y 2023 por $137.155.658, “no contaban con documentación auténtica de respaldo”. Por ejemplo, el formulario de solicitud de adquisiciones.
Además, se advirtió que “los nombrados expedientes de gastos pagados a través de pago centralizado no contaban con la orden de pago de Tesorería General de la República (TGR), que acredita dicha transacción”.
La entidad penitenciaria argumentó que la situación objetada se habría producido durante la pandemia por COVID-19 “debido a la disminución del personal que efectuó trabajos presenciales” y adjuntó copia de un documento que respaldó la adquisición de recargas de alimentación de diciembre de 2022, las que fueron cobradas en una factura por $3.100.589.
No obstante, el ente fiscalizador mantuvo el reproche respecto de los otros 5 casos, ya que la entidad “no aportó los antecedentes necesarios”. En ese contexto, la Dirección Regional “deberá aportar la documentación auténtica de respaldo por la suma de $134.055.069, de los 5 casos faltantes”.
También, se instruyó que la entidad de Gendarmería incorpore este hecho al procedimiento disciplinario que se ordenó instruir, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento.
