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SE ACABA EL CASO LUMINARIAS | Seguidilla de juicios abreviados echan tierra a la investigación y aquí no ha pasado nada

En diciembre el Juzgado de Garantía de Iquique realizó una sigilosa audiencia de preparación de juicio oral donde quedó claro que todos los acusados “políticos” recibirán juicios abreviados.

Pese a ser uno de los casos de corrupción y faltas a la probidad más mediáticos de la última década en la región de Tarapacá, el pasado 11 de diciembre lo que menos hubo en el Juzgado de Garantía de Iquique fueron micrófonos, flashes y cámaras de televisión.

En total hermetismo y sin existir invitaciones a la prensa para cubrir la noticia por parte de la Fiscalía o del Poder Judicial, once de los catorce formalizados en el Caso Luminarias de Iquique se presentaron ante el juez Frederick Roco Alvarado.

El caso había comenzado a fines de 2017, cuando un denunciante anónimo informó al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, que se estaban produciendo extraños movimientos entre algunos funcionarios municipales y concejales en la licitación para dotar de nuevas y modernas luminarias a la ciudad.

Tras la denuncia formal de Soria, la Fiscalía inició un silencioso trabajo de intervención de teléfonos y seguimiento de los involucrados, con lo cual pudieron determinar que, efectivamente, cuatro concejales, un exseremi y algunos funcionarios estaban en avanzadas conversaciones para recibir coimas a cambio de hacer ganar a la empresa Itelecom la licitación para el recambio de más de 12 mil luminarias en toda la ciudad, inversión que superó los 6.500 millones de pesos.

Dos años después, el 6 de mayo de 2020, estallaría públicamente el caso cuando la PDI allana las viviendas de los involucrados, tanto en Iquique como en Santiago, y termina deteniendo al exintendente Mitchel Cartes, a Arsenio Lozano, Guillermo Cejas y a Felipe Arenas, todos concejales en ejercicio, además de otras once personas, incluido el exseremi del Deporte, Johan Vieira.

El viernes 8 de mayo Felipe Arenas llegaba a Iquique y su arribo al cuartel de la PDI, en avenida Salvador Allende, tuvo toda la puesta en escena posible para el regocijo de la prensa local: la autoridad era bajaba de un bus esposado y cargando pertenencias que presagiaban una larga estadía fuera de casa.

Sin show; sin prensa; sin flashes

Pero lo ocurrido el pasado 11 de diciembre, tres años después de las detenciones, fue totalmente distinto. El tribunal había citado a los acusados para iniciar la preparación del juicio oral y la prensa brillaba por su ausencia en las gradas. Esa jornada los reporteros regionales estaban más pendientes de un corte vial que realizaban, desde primera hora del día, trabajadores de la empresa Cosayach, en la ruta 5, a la altura de Pozo Almonte.

A la misma hora de esa movilización, en el Juzgado de Garantía comenzaban a comparecer -ya sea de forma presencial o a través de la plataforma Zoom- los exediles Guillermo Cejas, Felipe Arenas y Mitchel Cartes, además del exseremi del Deporte Johan Vieira Pineda, Tomás Vodnizza, Rubén Guisa, Gustavo Proby, Daniela Vargas Barbaric, León Marcelo Lefort, José Hidalgo Abarzúa y Andrea Lamas Vega. No se presentaron Cristian Ureta Bravo, Pedro Guerra y el exconcejal Arsenio Lozano.

El trámite fue relativamente corto. A diferencia de la extensa audiencia de formalización ocurrida el año 2020, en esta oportunidad la preparación del juicio oral duró apenas 52 minutos, tiempo suficiente para que el juez Roco “pasara la lista”, diera cuenta de la ausencia del abogado del Gobierno Regional y anunciara que, de común acuerdo, se realizaría un juicio abreviado para los acusados Arsenio Lozano, Mitchel Cartes y Johan Viera.

Para ellos, la audiencia quedó fijada para este lunes 26 de febrero, a las 10:00 de la mañana, en la sala uno del mismo tribunal.

Respecto de Felipe Arenas, Guillermo Cejas y el exfuncionario municipal Tomás Vodnizza, el juez Roco dejó refrendado en el acta de la audiencia que, también “de común acuerdo”, se fijaba su audiencia de procedimiento abreviado para el 4 de marzo de 2024. Tampoco habría juicio oral para ellos.

Finalmente, para la formalizada Andrea Lamas Vega, pareja del también acusado Johan Vieira, su audiencia quedó fijada para el pasado lunes 22 de enero, ocasión en la que el proceso en su contra fue suspendido de forma condicional, por 14 meses, siendo condenada al pago de una indemnización a beneficio fiscal por 12 millones de pesos por su participación en el delito de lavado de activos. El monto de la indemnización se dividió en 12 cuotas, la primera de ellas pagada el viernes 26 de enero.

“Eventual procedimiento abreviado”

La suerte de los acusados Pedro Guerra, Rubén Guisa, José Hidalgo, León Marcelo Lefort, Gustavo Proby, Cristian Ureta y Daniella Vargas parece que seguirá la misma senda que la de sus compañeros de aventuras. Ese mismo 11 de diciembre, a las 9:22 horas, el juez Frederick Roco determinó, “de común acuerdo en relación a los imputados”, suspender la audiencia de preparación del juicio oral y reagendarla para el 18 de marzo, no sin antes dejar registrado en el acta que en esa fecha se realizará, también, un “eventual procedimiento abreviado” para esos acusados.

Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía ni los querellantes informaron a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, lo determinado en la audiencia de ese soleado 11 de diciembre de 2023.

Así las cosas, en menos de un mes concluirá el caso de cohecho, soborno, fraude al Fisco y lavado de activos más mediático de la última década en la región de Tarapacá y, pese a la gravedad de los delitos, las pruebas, el monto defraudado, la burla a la fe pública de exfuncionarios y exautoridades y la conmoción social que ello generó, la cárcel o condenas realmente ejemplificadoras están lejos de ser el castigo que parecen tener en vista querellantes, persecutores y la justicia… y qué decir los acusados.

Nota del Editor: de acuerdo con un documento publicado por el fiscal Eduardo Ríos en Scribd, la siguiente es la calificación jurídica de los acusados en el Caso Luminarias de Iquique:

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