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Contraloría exige a municipios de Iquique y Alto Hospicio informar medidas para prevenir acciones de índole sexual e incivilidades 

La petición hace referencia a las medidas concretas que se han adoptado durante los años 2023 y 2024 y que estén directamente destinadas a evitar y sancionar tales hechos.

Tras múltiples denuncias recibidas, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó a una serie de instituciones públicas, municipios y delegaciones que den cuenta sobre el cumplimiento acciones sobre seguridad, salubridad y salud públicas.

En el caso de la región de Tarapacá, el organismo fiscalizador exigió a los municipios de Iquique y Alto Hospicio informar medidas para prevenir acciones de índole sexual e incivilidades en la vía pública. La medida también aplica a la Delegación Presidencial de Tarapacá y a la Delegación Provincial del Tamarugal.

A través del oficio E463893, del 18 de marzo de 2024, la CGR dio un plazo de 15 días hábiles para que se informe “respecto de las acciones destinadas a prevenir, evitar y sancionar actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, actividades realizadas abiertamente y a toda hora”.

Según detalla el documento, la petición hace referencia a las medidas concretas que se han adoptado durante los años 2023 y 2024 y que estén directamente destinadas a evitar y sancionar tales hechos.

“Esta determinación se tomó tras recibir múltiples denuncias por la inacción de ciertas entidades públicas ante este tipo de hechos, algunas de las cuales incluían imágenes explícitas tomadas en la vía pública en zonas y horarios de amplia circulación de menores, lo que resulta atentatorio contra sus derechos”, indicaron desde la CGR. 

A su vez, se tomó en consideración que “la Constitución y las leyes entregan a estos organismos atribuciones en la materia, además de obligaciones precisas que deben ser cumplidas en lo referente a seguridad, salubridad y salud pública”. 

Igualmente, esta decisión se fundamenta en “el enfoque institucional de velar por el deber de cumplimiento que tienen las entidades del Estado, en el sentido de brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía”. 

Cabe mencionar que la CGR notificó de este requerimiento a la Subsecretaría de Salud, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, a las seremis regionales de salud del país.

También a todas las Delegaciones Presidenciales Regionales y provinciales del país, y 75 municipios, la mayoría de la región Metropolitana.

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