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Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso para que CDE no acceda a chats de Luis Hermosilla

En medio de la investigación vinculada al abogado, se incautó su teléfono celular, donde se han extraído más de 770 mil páginas de transcripciones de conversaciones por WhatsApp.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público para que no accedan a los distintos chats de Luis Hermosilla, quien es investigado de oficio por el llamado caso Audios.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la acción constitucional tras establecer que no existe un derecho indubitado en riesgo, al sostener el propio recurrente la “posibilidad o eventualidad” de que ocurra un acto que “posiblemente pudiere afectar alguna de sus garantías fundamentales”.

La resolución agrega que “no se encontraron hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales (…) toda vez que en el recurso se habla de una posibilidad o eventualidad de que ocurra un acto respecto del actor que posiblemente pudiere afectar alguna de sus garantías fundamentales protegidas por la acción constitucional”.

Recordemos que en medio de la investigación vinculada al abogado Hermosilla, se incautaron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos su teléfono celular, desde donde se han extraído más de 770 mil páginas de transcripciones de conversaciones mantenidas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, y a las cuales el CDE busca tener acceso mientras aún son periciados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En su justificación, Vargas sostuvo que tiene conversaciones con Luis Hermosilla desde hace años, las que tienen diverso contenido, y que van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendieron de forma conjunta, las que no tienen relación alguna con los hechos investigados.

Asimismo, dentro de su argumentación el letrado sostenía que el Consejo de Defensa del Estado no puede arrogarse competencias para estudiar las 770 mil páginas que tiene el informe de extracción por cuanto no todas aquellas dicen relación con hechos ilícitos ni tampoco participan en ellas solo funcionarios públicos.

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