La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la región de Tarapacá presentó un escrito a la Corte de Apelaciones de Iquique desistiéndose del reclamo de ilegalidad que presentó en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) por una solicitud que la obliga a entregar información sobre la recepción de US$5 millones en aportes de privados.
La abogada Jenny Pérez presentó un desistimiento, sin justificación alguna y en contradicción a señalado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá con anterioridad.
El pasado 10 de mayo, la Corte de Apelaciones resolvió tener por desistido el reclamo de ilegalidad deducido, lo que significa que la corporación deberá informar, por medio de una copia, la totalidad de los antecedentes que contengan información sobre los aportes privados recibidos por la entidad.
“Atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por la abogada de la parte recurrente en estos autos, doña Elizabeth Pérez Contreras, téngase por DESISTIDO de su reclamo de legalidad presentada el dos de enero de dos mil veinticuatro”, señala la resolución del tribunal.
Recordemos que la solicitud fue realizada en mayo de 2023 por el abogado Enzo Morales, quien pidió información sobre la rendición de US$5 millones en aportes de privados para la entidad presidida por el gobernador José Miguel Carvajal.
Asimismo, el jurista pidió una copia de todos los antecedentes sobre los aportes privados recibidos por dicha corporación, así como su origen, uso, destino, ejecución y rendición.
La solicitud está fundada en las afirmaciones realizadas por la autoridad regional y presidente del directorio de la corporación que señaló al diario La Estrella de Iquique, después de la sesión del Consejo Regional de Tarapacá, que se “aprobó $4.000 millones para el presupuesto del año 2024, que no hay acosos ni demandas y tenemos inversión privada por 5 millones de dólares, que no teníamos en esta institución”.
Ahora, la corporación cuenta con un plazo de 5 días hábiles administrativos para hacer entrega de la información solicitada, periodo contado desde que la resolución quedó firme y ejecutoriada.
El desistimiento de la entidad ante la Corte de Apelaciones de Iquique deja firme la decisión del Consejo para la Transparencia, lo que se rectifica con la resolución del tribunal emanada recientemente.
El abogado Enzo Morales señaló que “el gobernador retrasó en un año la entrega de información solicitada sobre el destino de los aportes millonarios, contrató abogados con fondos públicos para darse un gusto personal y frente al rechazo evidente de la justicia, como el cobarde que es, se desistió del reclamo”.
“Ahora corresponde que explique en qué se utilizaron los dineros incorporados al presupuesto regional y cómo beneficiaron a los habitantes de la región de Tarapacá, ya que, tengo antecedentes de despilfarro en perjuicio de la región”, agregó.
Convenio de confidencialidad y reserva
Respecto a los recursos recepcionados por la entidad regional, en el reclamo de ilegalidad se desprende que los fondos privados tienen su origen en un convenio de Colaboración entre la Fundación Educacional Collahuasi y la Corporación, pero dicho acuerdo impone a la unidad de apoyo estratégico para el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá “la obligación de guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre todos los antecedentes”.
“Dicho convenio, el que se adjunta debidamente tarjado, en su cláusula octava, impone a la Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá, la obligación de guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre todos los antecedentes, documentos, datos, información estadística, y demás a que tenga acceso con ocasión de la implementación de dicho convenio, quedando prohibida su divulgación”, detalla el documento.
