Este martes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la norma que propone la “libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante”.
Se trata de una indicación de parlamentarios de Renovación Nacional, Partido Republicano, la UDI e independientes que fue ingresada en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, propuesto en enero del 2023.
En detalle, la comisión de la Cámara Baja aprobó con tres votos a favor y dos en contra la disposición particular que eventualmente podría aplicarse a criminales de lesa humanidad para dejarlos en libertad.
Ante esto, el diputado de Tarapacá, Matías Ramírez, recordó la ofensiva legislativa de la derecha para desconocer la existencia de los derechos humanos y dejar incapacitada a la justicia para actuar al respecto.
“Esto es lo que, en definitiva, la derecha nos plantea en el debate de seguridad pública; seguir fomentando la impunidad y el genocidio (…) nosotros no estaremos dispuestos para avanzar en estas materias y buscaremos que la discusión se dé de manera seria”, agregó.
Por su parte, la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y legisladora, Lorena Pizarro, cuestionó el discurso de la derecha que, según sus palabras, dice defender a la gente pero en la práctica, está comprometida con los peores genocidas de la historia de Chile.
“Nos parece impresentable lo aprobado por la Comisión de Seguridad. La derecha, esa que hace gárgaras con la defensa de la gente, quiere liberar a los peores criminales que ha conocido nuestro país”, aseveró.
Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la población penal mayor de 75 años en Chile es de 265, de ellas, 153 (57,7 por ciento del total) son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.