El alcalde de Colchane, Javier García, expresó su preocupación por la propuesta de reubicar el dispositivo para migrantes fuera del Complejo Fronterizo Integrado de la comuna, tras el el anuncio del Gobierno sobre realizar esta medida.
En un comunicado del municipio, el jefe comunal calificó el anuncio de esta medida como “un grave retroceso en materia de derechos humanos y seguridad”.
Esta declaración surge tras la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la región de Tarapacá, donde expresó que, “en el caso de Colchane, en la medida en que estamos reforzando nuestra presencia en la frontera, vamos a seguir teniendo detenciones y las detenciones tenemos que llevarlas a alguna parte. ¿Cuál es el destino del centro de refugio de acogida que hay en Colchane? Bueno, reubicarlo, queremos sacarlo del interior del Complejo Fronterizo para instalarlo fuera del Complejo Fronterizo, eso es lo que vamos a hacer en el caso de Colchane”.
Ante esto, el acalde García declaró que “la reubicación del dispositivo implica una vulneración al derecho a la seguridad de nuestra gente, atenta contra el derecho a la propiedad privada ya que el Estado no posee terrenos en nuestra comuna, e ignora las prácticas culturales ancestrales de los aymaras. Además, esta medida aleja a los migrantes de un espacio crucial para su seguridad, acceso a servicios básicos, control migratorio y salud”.
El edil precisó la situación de la propiedad y dijo que “el Estado no posee propiedades ni terrenos en Colchane, por lo que la instalación de cualquier infraestructura en territorio aymara sin su consentimiento constituye una grave violación al derecho de propiedad y contra el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado de Chile”.
“La naturaleza del dispositivo no obliga a los migrantes a permanecer en él”, añade el alcalde. “Muchos salen en busca de alimentos y dinero, lo que genera un riesgo para la seguridad de los 450 adultos mayores que viven permanentemente en Colchane”, agregó.
La autoridad comunal instó “a las autoridades a reconsiderar esta medida y buscar soluciones alternativas que respeten los derechos de todas las partes involucradas. Por ejemplo, la expulsión administrativa de todos quienes ingresan o ingresaron al país por un paso no habilitado”.
