Entre mayo de 2019 y mayo de 2021 se produjeron más de 1.700 funerales de alto riesgo, resultando en más de 1.300 personas detenidas, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana.
La información se presentó en el marco de la votación del proyecto de ley (boletín 16323) que busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro de funerales de alto riesgo para la seguridad y el orden público.
El proyecto tiene como objetivo regular funerales en los que se usan armas de fuego, se realizan disparos injustificados, se usan bombas de ruido, se lanzan fuegos artificiales y se altera el orden público. Para estos casos, se destinan cerca de 200 efectivos policiales para resguardar a la comunidad, indicó Monsalve.
El subsecretario explicó que estos funerales están relacionados con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y que la legislación busca proteger el bien común. Ejemplificó que el uso de armas de fuego puede poner en peligro a la comunidad, pudiendo incluso herir a niños.
Monsalve también señaló que la iniciativa libera recursos policiales, ya que reducir el plazo de inhumación a 24 horas permite que los efectivos se destinen por un solo día en lugar de varios, como ocurre actualmente.
El diputado Diego Schalper (RN) consideró que jurídicamente es extraño hacer una alusión a la Ley Antidiscriminación, porque se aplica per se. Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) consideró que si se justificaba la norma antidiscriminación porque se otorgan facultades amplias y las definiciones podrían ser arbitrarias. También, consideró una posible colisión con la libertad de culto.
Mientras que, la diputada Gloria Naveillán (IND) manifestó cuestionamientos al proyecto porque todos los deudos tienen derecho a velar a sus familiares y, a veces, no alcanzan a llegar porque vienen de otras regiones.
De igual forma, la diputada Lorena Fries (IND-CS) consideró que las policías ya tienen atribuciones para intervenir en narcofunerales. Igualmente, advirtió que el rito de la muerte está muy incorporado en Chile. “Hay que tener cuidado porque pueden existir problemas con la libertad de culto o con la pertinencia de los pueblos originarios”, expresó.
El Proyecto
La ley normará la realización de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, los cuales serán calificados por el Delegado Presidencial Regional. Los funerales tendrán niveles de riesgo extremo, alto, moderado y bajo, definidos en el reglamento de la ley.
En casos de riesgo extremo y alto, el Delegado Presidencial ordenará que la inhumación se realice dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución. Para calificar el riesgo, se podrá requerir información a la PDI y Gendarmería, y cualquier órgano del Estado con antecedentes de riesgo deberá informar a la Delegación Presidencial.
La resolución de la autoridad deberá considerar un informe técnico de Carabineros, que incluirá los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias del deceso. Esta información será reservada para terceros ajenos al procedimiento.
Plazo del funeral
El proceso funerario completo deberá realizarse en 24 horas, incluyendo el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o el Servicio Médico Legal hasta el lugar del velatorio, y la sepultación o cremación. El velatorio solo podrá realizarse en un cementerio o crematorio autorizado según el Código Sanitario.
Las 24 horas comenzarán a contarse desde la notificación de la resolución al Registro Civil. Si la inhumación se realiza en un cementerio de otra región, deberá ser autorizada por un oficial del Registro Civil.
