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Comisión de Seguridad del CORE aprobó proyecto de $1.900 millones para combatir el crimen organizado en Tarapacá

El proyecto, que aún debe ser aprobado por el pleno del CORE, incluye la adquisición de vehículos blindados, digitalización de documentos y tecnología avanzada para análisis forense. El objetivo es enfrentar los recientes cambios en la criminalidad de la región y mejorar la seguridad y cercanía con la comunidad.

La Comisión de Seguridad Pública del Consejo Regional de Tarapacá ha aprobado un proyecto de $1.900 millones destinado a financiar el “Proyecto de Fortalecimiento contra el Crimen Organizado y la Delincuencia” durante los años 2024 y 2025. El proyecto ahora deberá ser visto por el pleno del CORE para su aprobación final.

En detalle, la modificación presupuestaria, respaldado por la fiscal regional Trinidad Steinert en un documento enviado al gobernador José Miguel Carvajal, destaca la necesidad de abordar los recientes cambios en la criminalidad en la región. Según el documento al que tuvo acceso Radio Paulina, en los últimos años, Tarapacá ha visto una disminución en los delitos comunes y un aumento en los delitos violentos, con nuevos métodos de operación de bandas delictuales que compiten por el mercado de drogas y contrabando.

Las principales líneas de acción del proyecto incluyen la seguridad en el traslado de fiscales, mediante la adquisición de vehículos blindados con antenas satelitales para garantizar la seguridad y conectividad de los fiscales en Iquique y Alto Hospicio, valorizados en $220 millones.

El presidente de la Comisión de Seguridad del CORE, Sergio Asarella, indicó que el pleno del Consejo aún debe dar el visto bueno final, pero que no hubo reparos en la aprobación inicial de los recursos.

Por su parte, la consejera regional Camila Navarro resaltó la importancia de este proyecto, afirmando que la seguridad se ha convertido en una prioridad en la agenda presupuestaria regional. “Sin duda tendremos detractores de proyectos de esta relevancia, pero nosotras como consejo y gobierno hemos sido claro en una planificación pública y transparente”.

El consejero regional Luis Milla, aunque reconoció el valor del proyecto, señaló que “es totalmente insuficiente” debido a las limitaciones de recursos y competencias del CORE. “Creo que es uno de los tantos aportes que como Cores hemos hecho a la seguridad”, aseguró.

Mientras que, el consejero Eduardo Mamani, anunció su voto en contra de la modificación presupuestaria, debido a un posible conflicto de interés que podría existir en futuras investigaciones de irregularidades en el GORE. “Tenemos enormes carencias en la región los recursos siempre son escasos ante eso no podemos seguir con la misma dinámica de seguir financiando otros servicios públicos”, explicó.

Recursos tecnologícos

La iniciativa también busca mejorar la cercanía con la comunidad mediante la implementación de un “Fiscalía Móvil” para llevar servicios a áreas remotas, por $238 millones. Esto incluye el desarrollo de un plan de difusión de canales de comunicación y la compra de celulares para la asesora de comunicaciones regional.

Además, se implementará una gestión interna que abarca la digitalización y destrucción de documentos, la adquisición de un servidor de alta capacidad y sistemas UPS para prevenir la pérdida de información. También se comprarán notebooks y pantallas adicionales para fiscales y abogados.

En cuanto a la tecnología y análisis forense, se adquirirán equipos para desbloqueo y extracción de información de teléfonos, almacenamiento de evidencia digital, un escáner y un dron para la preservación de sitios del suceso.

El proyecto se desarrollará en dos años. En el primer año, se enfocará en la seguridad de los fiscales, la cercanía con la comunidad y el inicio de la digitalización de documentos. En el segundo año, se completará la digitalización y se actualizará la tecnología para el análisis criminal, incluyendo la capacitación necesaria para su uso.

Asimismo, el objetivo principal es mejorar la atención a víctimas y testigos, fortalecer el análisis de bandas de crimen organizado y priorizar los delitos de mayor violencia e impacto en la comunidad, contribuyendo así a una Tarapacá más segura.

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