El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Eduardo Thayer, se refirió a las expulsiones de migrantes en Chile y detalló que desde que asumió el cargo en 2022 se han emitido 4.600 decretos de expulsión administrativa.
En conversación con Radio ADN, Thayer indicó que al inicio de su gestión había 24.000 expulsiones pendientes desde 2014, lo que evidencia una acumulación significativa de casos no resueltos.
Además, en lo que va del Gobierno del presidente Gabriel Boric han salido 12 vuelos chárter a Colombia, a Ecuador, República Dominicana, Perú, Venezuela. En mayo pasado, salió un vuelo con 65 expulsadas hacia Venezuela.
Sobre la ejecución de las expulsiones, el director de Migraciones explicó que, aunque emitir un decreto es un proceso relativamente rápido, la materialización de la expulsión requiere la detención efectiva del migrante, un proceso mucho más complicado.
“Hoy día no hay personas que estén detectadas o detenidas o que no haya donde detenerlas para la expulsión, sino que tenemos el desafío de encontrarlas y materializar la expulsión”, agregó.
Para enfrentar este desafío, el Ejecutivo está trabajando en una propuesta que obligue a las personas con decretos de expulsión vigentes a presentarse ante la policía. La medida busca agilizar el proceso y facilitar las expulsiones. Thayer destacó la importancia de esta normativa, dado que actualmente la detección y detención de los migrantes es el principal obstáculo para cumplir con los decretos de expulsión.
El director también abordó la colaboración con los países de los migrantes como Venezuela y dijo que para expulsar está “la necesidad de que el país de los expulsados colabore” con la verificación de las identidades. En este sentido, Thayer informó que hasta mayo de 2024 se han expulsado 500 personas, de las cuales 260 son expulsiones administrativas y 240 son judiciales.
Recordemos que la Ley de Migraciones está vigente desde 2022 e impide la expulsión de personas condenadas por narcotráfico con penas de más de cinco años y un día. Con este precedente, Thayer destacó que esta situación genera una contradicción, ya que aunque estas personas no pueden ser expulsadas, pueden recibir beneficios como libertad condicional.
En este sentido, el director nacional dijo que el gobierno ha presentado un proyecto de ley para permitir la conmutación de penas por expulsión en estos casos y agregó que “queremos que esas personas puedan ser expulsadas del país para evitar la saturación de las cárceles y para que puedan definitivamente salir de Chile”.
