La Policía de Investigaciones (PDI) de Tarapacá presentó su primer informe de homicidios del año 2023 en una ceremonia que contó con la presencia del Prefecto Inspector Cristian Lobos, jefe de la Región Policial de Tarapacá, el Delegado Presidencial Regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, y la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, entre otros destacados invitados. La presentación estuvo a cargo de la Subcomisaria María José Díaz, abogada con amplia experiencia en la investigación de homicidios y análisis criminal.
La exposición, moderada por el analista político Libardo Buitrago, contó con un panel de expertos que incluyó a la abogada Marcela Tapia, el Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tamarugal, Hardy Torres, la Fiscal Jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá (SACFI), Paola Apablaza, la psicóloga Carol Thiele, y el Subprefecto Christian Sayago, jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique. El informe, elaborado por la Oficina de Análisis Criminal Iquique (OFAN), tiene como objetivo caracterizar el fenómeno de los homicidios mediante el análisis de diversas variables.
María José Rivas, panelista del evento, destacó que la presentación busca contribuir a una mejor comprensión del fenómeno y al diseño de políticas y planes en la materia a nivel regional. “Esto es parte de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2023-2028 y evidencia el trabajo realizado por la OFAN”, afirmó.
El analista internacional Libardo Buitrago subrayó la importancia de contar con datos precisos para construir políticas públicas efectivas. “Una sociedad que no tiene datos no puede saber lo que ocurrirá ni construir políticas públicas adecuadas”, comentó.
La abogada Marcela Tapia enfatizó la relevancia de tener un informe territorial que aporte datos y contextos específicos sobre la evolución del delito en la región. “Esto permite diseñar políticas criminales más cercanas a la realidad y brinda una mayor sinergia en las respuestas necesarias”, señaló.
El informe de la PDI de Tarapacá resalta la importancia de implementar políticas públicas eficaces y fomentar la colaboración entre las instituciones del sistema de persecución penal y la comunidad para enfrentar los desafíos de la criminalidad. Fomentar la denuncia ciudadana y fortalecer los programas de educación y apoyo a las víctimas son pasos esenciales para construir un entorno más seguro.
