Una moción impulsada por un grupo de legisladores en la Cámara de Diputadas y Diputados busca dotar al Consejo Municipal de los municipios de mayores facultades fiscalizadoras fortaleciendo y delimitando parte de sus potestades.
La iniciativa nace a raíz de la necesidad de generar contrapeso en el ejercicio de la Administración Municipal, la cual se ha caracterizado históricamente por girar más hacia la entidad edilicia, quien cuenta con gran parte de las facultades administrativas, directivas y legislativas del municipio.
Por ello, el proyecto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades otorgando al Consejo Municipal la potestad de objetar la aplicación de la contratación directa por parte del alcalde a fin de que se haga a través del conducto regular, que es la licitación pública.
Junto con ello se dota al Consejo Municipal de la potestad de solicitar al alcalde la remoción del director de seguridad municipal mediante la votación de la totalidad del citado órgano. También podrá citar al edil a fin de dar cuenta del uso del vehículo municipal asignado para su uso y de la inversión de recursos en el mismo. Así lo explicaron las impulsoras de la medida, las diputadas Erika Ñanco, Carolina Tello y Camila Rojas.
“Este proyecto de ley viene justamente a fortalecer el rol fiscalizador que tienen los concejales, entregándoles facultades, por ejemplo, para que el alcalde no pueda entregar contrataciones por trato directo y que tengan que pasar por el Consejo Municipal, otorgándole también más facultades al Consejo Municipal para poder destituir al director de seguridad municipal en caso de algún tipo de irregularidad, para que los directores municipales de seguridad puedan entregar también sus antecedentes y que no hayan sido condenados o no tengan algún tipo de antecedente penal en el cual hayan sido condenados por algún tipo de ilícito”, dijo Ñanco.
La diputada Tello comentó “que existe la necesidad urgente de brindar facultades a las y los concejales de nuestro país, tanto en materia de contrataciones en relación a los municipios con sus proveedores y también licitaciones en materia de seguridad y otros aspectos que permitirán al Consejo no sólo conocer aquello, sino que también la propia ciudadanía conozca y cuente con herramientas que permitan asegurar la probidad y la transparencia en la gestión”.
Por su parte, la parlamentaria Rojas explicó que “cuando ocurren situaciones de corrupción o situaciones que se riñen con la ley, muchas veces los concejales no pueden actuar por falta de herramientas. En ese sentido, este proyecto, por ejemplo, propone que cuando se trata de contrataciones directas que realizan los alcaldes, los concejales puedan objetar”.
“Eso sería un elemento relevante, precisamente para cuidar mejor los recursos municipales. Quienes estamos aquí hoy frente a ustedes tenemos una convicción muy clara y es que cuidar la administración municipal es luchar contra la corrupción”, agregó.
El proyecto además configura el notable abandono de deberes del alcalde en los casos que el informe emitido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) relativo a las solicitudes de acceso a la información, de cuenta de un número considerable de sanciones impetradas por este organismo hacia la municipalidad debido a la falta total o parcial de respuestas en las solicitudes.
