La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Chile responsable de violaciones a los derechos humanos cometidas contra 135 personas de etnia mapuche durante un proceso penal en el contexto de las manifestaciones lideradas por el Consejo de Todas las Tierras entre 1989 y 1992.
La decisión se da en el marco del caso Huilcamán Paillama y otros vs. Chile, en el que se estableció que el proceso judicial estuvo marcado por prejuicios y discriminación hacia el Consejo de Todas las Tierras, organización encabezada por Aucán Huilcamán.
Según la Corte, el juez que dirigió la causa mostró un sesgo discriminatorio y desconoció garantías judiciales fundamentales, como el acceso a un traductor para un acusado que no hablaba español y la condena de personas que no habían sido formalmente acusadas.
La Corte también determinó que el proceso penal criminalizó protestas sociales pacíficas en demanda de reivindicaciones territoriales mapuches y aplicó normas penales imprecisas que vulneraron el debido proceso.
Entre las medidas de reparación ordenadas, Chile deberá anular las sentencias condenatorias si las víctimas o sus familiares lo solicitan y eliminar cualquier antecedente penal relacionado con la causa.
La sentencia, que reconoce parcialmente la responsabilidad asumida por el Estado chileno, constituye un precedente importante para abordar las demandas históricas del pueblo mapuche y las garantías de sus derechos humanos en el país.
