El ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo, despejó las dudas sobre los contratos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para la industrialización del carbonato de litio en el país altiplánico.
Una de las observaciones que hacen distintas organizaciones sociales y analistas es que se quiera aprobar los contratos de industrialización sin una ley de litio, sin un previo marco legal, en donde se deje claramente estipulado cuáles son las reglas de juego.
Al respecto, Gallardo indicó que sí existe una propuesta de ley del litio presentada por la Cámara de Senadores. La autoridad dijo que “actualmente, esta ley se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en espera de ser revisada en una comisión”.
Según el ministro, se han realizado socializaciones de la normativa, pero hasta ahora no ha sido aprobada. Además, remarcó que la falta de una ley de lito no afecta los contratos firmados, ya que estos se basan en la normativa vigente.
En este sentido, el titular de Hidrocarburos afirmó que “los contratos deben adecuarse a la Constitución Política del Estado, a tratados internacionales, a decretos supremos, resoluciones ministeriales y cualquier otra normativa jerárquicamente superior”.
Gallardó aclaró que “en caso de que se apruebe una nueva ley de litio o una modificación en la legislación minera o tributaria, los contratos tendrán que ajustarse a los cambios normativos”.
